En el mundo hay más de 200 millones de personas migrantes. La gente migra de un lugar a otro en busca de una mejor calidad de vida. Nadie abandona la tierra que le vio nacer y que ama porque se siente bien en ella: la negación de libertad, de un trabajo digno, de seguridad social y otros derechos humanos les obligan a hacerlo.
Tras el tema de la migración (¡igualito que con el de la sexualidad y los derechos reproductivos!) se esconde una doble moral: por un lado, los Estados promueven y estimulan la exportación masiva de mano de obra barata, lo que les quita presión social interna y les genera ingresos a través de las remesas y, por el otro, criminalizan a las personas migrantes a quienes les niegan derechos ciudadanos fundamentales, como la documentación, o les mantienen en un estatus transitorio. Así, les hacen más vulnerables a la explotación económica y a la discriminación social y cultural. La cultura del miedo es una herramienta por excelencia para acallar a las personas trabajadoras migrantes y mantenerles en la sombra, impotentes, resignadas y sumisas ante los abusos y atropellos en su contra.
El Foro “Migraciones y Fronteras”, se realizó el jueves pasado en Santo Domingo para contribuir a romper el silencio y generar lazos de solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras migrantes de todo el mundo, a partir de su organización, del reconocimiento de sus derechos humanos y de mostrar sus aportes en los países receptores y de origen. Esta iniciativa evidenció los obstáculos que tienen que enfrentar las personas en sus países para alcanzar un nivel de vida digno, se multiplican con creces cuando se trata de gente laborando en condición de migrante, sin documentación, y más aún, de migrante mujer. Para ellos y ellas están reservados los trabajos de menor valoración y reconocimiento social, los más peligrosos y los más agobiantes, aunque se tengan capacidades, diplomas y títulos para trabajos bien pagados y reconocidos. La salud, la educación, la seguridad social y el ocio son un sueño que se desvanece al llegar al lugar de destino.
En nuestro país, la violación a los derechos humanos de las personas migrantes haitianas es una política pública institucionalizada, constitucionalizada e impuesta como ideología al pueblo. Se concretiza en el aprovechamiento de la sangre y sudor haitianos por sectores empresariales y el gobierno, les pagan salarios deplorables y les niegan la salud y la seguridad social. En definitiva, el Estado no reconoce los Derechos Humanos.
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