SANTO DOMNGO.-Representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial sostuvieron una reunión con la comisión permanente de los derechos humanos de la Cámara de Diputados, en la que conversaron sobre el trato que reciben los presos en los recintos penitenciarios del país.
Dionisio Rodríguez, el presidente de la comisión que representa la cámara baja explicó que luego uan visita a distintas cárceles del país pudieron comprobar que se están violando los derechos humanos a muchos muchos privados de libertad.
Frente a esto la Camara de Diputados decidió invitar a la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, y a Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
“Hemos hecho un análisis y una investigación, y de hecho hemos recibido mucha ayuda de la Procuraduría General de la República y hemos designado una comisión que ha visitado diversas cárceles”, indicó Rodríguez.
Germán Brito se hizo representar por Jonathan Baró Gutiérrez, coordinador del Gabinete para Asuntos Penitenciario de la PGR y a Luis Henry Molina lo representó María Garabito, jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte Penal y Rosa Iris Linares, directora de Justicia Inclusiva del Consejo Judicial.
Además, el presidente de la subcomisión que visitó distintas cárceles, el diputado Santiago Vilorio, hizo un recuento a los funcionarios de las visitas que hicieron a la cárcel de Higüey, a la cárcel La Victoria, la de Rafey, en Santiago; a la de San Juan de la Maguana, donde no se le permitió la entrada y a la de la provincia Hermanas Mirabal.
Explicó que en las cárceles de Higüey y La Victoria es donde más se violan los derechos humanos de los internos.
“En algunas de esas visitas, especialmente en la cárcel pública de Higüey, cárcel tradicional, donde en el 2006 más de 135 personas perdieron la vida calcinadas y eso sigue igual allí, donde los presos están en condiciones que parecen como ramillete de uvas, en condiciones infrahumanas, se puede decir”, precisó Vilorio.
Agregó que se pudo comprobar que hay personas guardando hasta cinco años de prisión, por no haber podido pagar una multa que le impuso un tribunal.
También explicó que las cárceles del país son un negocio, al tiempo de denunciar que también hay una sobrepoblación carcelaria, tanto en La Victoria como en la cárcel pública de Higüey.
Los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público expresaron la disposición de trabajar de las manos con el Congreso Nacional en procura de que cada día más se respeten los derechos de los privados de libertad.
El representante de la PGR informó a la comisión que esa institución no va a construir cárceles, sino, que eso lo hará el Ministerio de Obras Pública, por instrucción del presidente Luis Abinader.
