Con antigüedad de 3 lustros, distintas propuestas, interminables discusiones, intereses contrapuestos, incumplidas promesas de aprobación dilatada y aplazada una y otra vez, pareciera que en esta ocasión, debido a las presiones ejercidas pudiera haberse llegado a un consenso para su aprobación.
En esta última fase, el punto de fricción ha estado centrado en la naturaleza de las primarias, si abiertas o cerradas, simultáneas o separadas. Como obviamente ninguna de dichas opciones parece tener los votos congresuales suficientes para imponer una u otra fórmula, es lógico suponer que el mecanismo de avenencia sea a base de ceder-ceder, una negociación de intercambio de toma y daca.
Ahora bien, una vez superado el tranque de la Ley de Partidos, habrá que abocarse a la discusión y aprobación de la Ley Electoral, que muchos estiman debió anteceder a aquella. Y cuando llegue su momento hay dos puntos esenciales que no deben quedar arropados ni relegados. Se trata de la financiación de las campañas.
Uno de ellos es la necesidad de poner un tope al gasto político de los candidatos. No es posible que para obtener un puesto electivo, un aspirante invierta una suma muy superior a la que habrá de recibir por su salario nominal en los cuatro años de dura el cargo, aún incluyendo los cuestionados “barrilito” y “cofrecito”, las exoneraciones de vehículos y los generosos bonos “para mamá” y “navideño”. De ser así, está mas que justificado abrigar sospechas sobre los reales propósitos que perseguirá la gestión del candidato que incurra en ese dispendioso gasto y los intereses que representará que es suponer que no serán precisamente los del país.
Y el segundo, controlar y poner igualmente techo a los aportes de fuente privada que reciban tanto los partidos como los candidatos. Para nadie es secreto el cuantioso volumen de recursos de que disponen el narcotráfico y los provenientes de actividades ilegales y actos de corrupción. Se trata miles de millones de pesos con los cuales se estarían comprando privilegios, facilidades, apoyos e impunidades para todo tipo de actividades ilícitas, viciando el proceso de elección y atentando contra la estabilidad política y la institucionalidad democrática.
Ha ocurrido en otros países. El ejemplo de Colombia es clásico pero no único, donde el poder del narcotráfico llegó a ser de tal magnitud que durante mucho tiempo estuvieron saboteando la aprobación de la ley de extradición, y uno de sus más connotados personeros, Pablo Escobar Gaviria, llegó al extremo de ofrecer públicamente pagar toda la deuda externa del país a cambio de rechazar y engavetar la misma.
Obviamente no es nuestro caso. No hemos llegado a ese punto. Pero tenemos que cortar el mal de raíz. Y para ello es preciso crear los mecanismos de control necesarios para blindar el proceso electoral.
Por otra parte, la aprobación de una ley eficiente y rigurosa en cuanto a mejorar el bastante degradado ejercicio político en el país, debe ser el punto de inflexión que permita variar la pobre percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía sobre el nivel profesional y ético de la clase política y los partidos como el canal más apropiado de sus inquietudes, necesidades y aspiraciones.
El patricio Juan Pablo Duarte postuló que después de la filosofía, la política era la más noble actividad a que podía dedicarse el hombre, ahora también la mujer. Pero es evidente que al presente nos encontramos a buena distancia de ese ideal. Ojalá tanto la ley partidos como la electoral terminen por ser aprobadas sin distorsiones ni sospechosas opacidades, y al ver por fin la luz después de tan laboriosos partos contribuyan a reducir la brecha.