SANTO DOMINGO.- Representantes del liderazgo político del país expresan, en palabras, preocupación por el crimen organizado y piden frenar el fenómeno.
Pienso que además de preocuparse, la élite política debería ocuparse de un desestabilizador social como ese.
Y ocuparse implica que las organizaciones políticas acepten, especialmente las mayoritarias, que han abierto sus puertas a los delincuentes de cuello blanco.
Tienen que hacer un mea culpa y admitir que el ansia de poder y la necesidad de dominar a cualquier costo hicieron que el dinero sucio circulara en su seno.
Hay que ser muy ingenuo o suponer que todos somos tontos para admitir la insinuación de que los partidos políticos son sorprendidos en su buena fe por lavadores y narcotraficantes.
Todas las organizaciones políticas conocen a sus aspirantes a puestos electivos y no es verdad que ponen candidaturas en las manos de cualquiera sin una mínima diligencia previa.
Entonces, en lugar de lanzar proclamas con falsas heroicidades, lo prudente es meter en la agenda la reforma política y que, desde ya, las instituciones partidarias sean sujetos obligados sancionables en la Ley de Lavado de Activos.
Podremos decir a ciencia cierta que estamos limpiando al país del crimen organizado cuando se haga una reforma al sistema político y una profunda profilaxis en los partidos.
La crisis que representa el avance del crimen organizado no se resolverá con negaciones absurdas, sino tomando decisiones y una decisión ineludible es limpiar primero a los partidos políticos.