Juan Taveras Hernández
El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que ahora encabeza Danilo Medina pretende que sea el pueblo quien pague, con impuestos, los platos rotos por ellos en el manejo corrupto e irresponsable de los fondos públicos para poder continuar con el derroche y el despilfarro del que hablan el Foro Económico Mundial y otros organismos internacionales.
Los nuevos ministros dicen, por lo bajo, casi furtivamente, haber encontrado un desastre económico y financiero. Un funcionario del Palacio afirma, entre bastidores, que en los meses de transición “esos ladrones se llevaron 155 mil pesos”.
El secretario general del PLD dice que el pueblo tendrá que amarrarse aun más el cinturón de su miseria, pero no habla del “barrilito” que le garantiza, fuera de su salario y otros privilegios, un millón de pesos mensuales, al igual que a sus colegas.
El diario Hoy revela que la mafia que operaba desde el Palacio Nacional otorgando permisos de importaciones representaba dos mil millones de pesos anuales.
En la cancillería Carlos Morales Troncoso mantiene botellas por más de dos mil millones de pesos anuales.
La revista La Lupa en un excelente trabajo titulado, ¿quién le pone el cascabel a Félix? Cita las 20 obras “más sobrevaluadas” durante la gestión del senador Félix Bautista al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, lo que debería ser motivo de escándalo, de investigación y sometimiento a la justicia del o los responsables.
Un funcionario del área de la construcción me dijo que el 95% de las obras del gobierno de Leonel fueron sobrevaluadas en un 30, 50 y hasta en más de un 100%. Lo dijo con rabia. (La primera y segunda líneas del Metro de Santo Domingo parieron una tercera que compite con las nubes en la avenida Tiradentes)
El país fue devastado económicamente por la corrupción y el saqueo durante los últimos 8 años.
El libro de Jaime Aristy Escuder ofreciendo detalles inéditos sobre el robo de 130 millones de dólares en el caso de la SunLand, es una denuncia querella que debería provocar la acción del ministerio público enjuiciando no sólo a Félix Bautista, sino al ex presidente Leonel Fernández.
Si la corrupción le costaba al país cerca de cien mil millones de pesos al año, lo que se corresponde es recuperar los 800 mil millones que fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios y sus relacionados, que servirían para cubrir el déficit fiscal que este año será de 120 mil millones de pesos. Y de ñapa sobraría dinero para sembrar el país de hospitales y de escuelas.
Bastaría con aplicar la Constitución de la República que en su artículo 146, numeral tres, dice que “es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de la autoridad correspondiente”.
Pero Danilo no quiere hacer eso. Pretende que sea el pueblo, con su miseria, quien pague los platos por la corrupción y el saqueo de los gobierno de su partido. (Más bueno que es así…)