Asalto a la salud

Santo Domingo.– Las muy graves acusaciones presentadas por el Ministerio Público en el caso de corrupción de SENASA las cuales han llenado de indignación a nuestra sociedad, luego de que los rumores de sus problemas financieros y notorios atrasos en el pago a los prestadores de salud constituyeran la pus que hizo notoria la infección que tenía en sus entrañas, no solo requieren de un proceso judicial que juzgue debidamente los hechos que hayan sido cometidos e imparta las sanciones que correspondan, sino de una reflexión profunda sobre nuestro sistema de salud.

Corrupción en SENASA y sus implicaciones para el sistema de salud

Desde que inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo en el año 2007 comenzaron los rumores de que algunas administradoras de riesgos de salud (ARS) requerían a prestadores de servicios de salud (clínicas, médicos, laboratorios, etc.) el pago de un diez por ciento, y que las que se negaban enfrentaban inconvenientes, sobre todo si su tamaño e importancia no era lo suficientemente grande como para hacer difícil no contratarlas.

Sin embargo, eso no pasó de ser un rumor más, y mientras eso sucedía de forma oculta y al parecer los porcentajes aumentaban, la atención se mantenía ocupada con denuncias de negación de servicios a los afiliados, de retrasos en los pagos a los prestadores por las denominadas “glosas”, o los conflictos con asociaciones médicas reclamando aumentos y amenazando con retiro de sus servicios.

Nuestro modelo se inspiró del colombiano y de ahí adoptamos el concepto de las entidades promotoras de salud (EPS) intermediarias del sistema, rol que aquí hacen las ARS, pero así como hemos cerrado los ojos ante el malestar social que se produjo en Chile principalmente por las bajas pensiones obtenidas por los retirados del sistema de capitalización individual de ese país, que también copiamos, el cual a pesar de tener una mucho más efectiva regulación enfrentó una grave crisis que provocó incluso cambios políticos; igualmente hemos cerrado los oídos para no prestar atención a los ruidos que en Colombia se suscitaban con las EPS, los fraudes en el sistema de salud, y al debate que provocó el intento de reforma a la salud, más allá del choque político.

Fiscalía de Colombia y paralelismos con SENASA

Recientemente la Fiscalía de Colombia ha señalado que hay indicios de corrupción en los balances financieros de la Nueva EPS, la aseguradora más grande de ese país con 11 millones de afiliados y de capital mixto con 49% accionario del Estado, la cual fue intervenida a principios de 2024, en la que según se señala hubo un desfalco de unos 18 millones de dólares, dinero que “se desvió para sostener una operación que aparentaba solvencia y así mantener un tinglado de corrupción”, y por el cual está acusando a sus exdirectores.

Según ha señalado un ex superintendente de salud de Colombia, “lo más grave no eran las deudas ocultas, sino lo que dice que encontraron en materia de direccionamiento de pagos” a ciertos proveedores a cambio de un esquema de cobro de coimas, respecto del cual los proveedores alegan que les “decían que la única forma de que les pagaran es que les devolviera el 30% [a la Nueva EPS].

Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a entregar pruebas porque si hablaban perdían el contrato”, fútil excusa para una ambición de lucro que extingue la reciedumbre moral aquí o allá.

Lo más grave del caso SENASA es que si no hacemos lo necesario para corregir el sistema reformando correctamente la Ley 87-01 de Seguridad Social, identificando las malas prácticas, fortaleciendo la regulación, los controles y las sanciones, toda esa podredumbre seguirá asaltando nuestro sistema de salud, para el enriquecimiento ilícito de unos cuantos, y el perjuicio de la mayoría de la población.