La defensa advierte que el caso “reviste seriedad” y que el expediente supera las 500 páginas
Tribunal fija para este jueves medida de coerción por presunto fraude millonario contra Senasa
Santo Domingo.- La audiencia de medida de coerción contra los acusados del presunto fraude cometido en Senasa concluyó hace unas horas, luego de que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijara para este jueves 11 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento formal del proceso.
El magistrado Rigoberto Sena dispuso la fecha con el propósito de otorgar tiempo a los abogados de los imputados para preparar sus medios de defensa.
“Para que todos los abogados tengan la causa procesal y puedan hacer presupuesto”, explicó el juez, subrayando que el caso “reviste seriedad” y que el Ministerio Público debe evitar “lanzar imputaciones alegres”.
De acuerdo con los abogados, el documento de solicitud de medidas de coerción sobrepasa las 500 páginas.
La investigación del Ministerio Público describe un entramado que combinaba fraude administrativo, corrupción, falsificación de documentos y lavado de activos.
El expediente señala como supuesto líder de la estructura al entonces director de Senasa, Santiago Hazín, junto a gerentes y colaboradores estratégicos. Según la PEPCA, se habrían creado programas especiales fraudulentos de sobornos sin sustento técnico ni financiero, utilizados para recibir sumas millonarias.
“El Ministerio Público cuenta con un legajo de pruebas, tanto testimoniales como documentales, que probarán cada una de las imputaciones”, afirmó un representante de la PEPCA.
La investigación indica que la presunta estructura criminal instalada desde 2020 habría recibido 1,165 millones de pesos en sobornos para la continuidad del programa Adulto Mayor, mediante la empresa Nutrimed.
“Se trató del robo del dinero de la salud de envejecientes, niños de escasos recursos y personas que hoy están bajo tierra”, declaró el Ministerio Público.
La empresa, representada por la imputada Cinthia Costa, habría entregado al empresario José Pablo Ortiz unos 529 millones de pesos en efectivo y por contratos ficticios, cuyo 90% supuestamente era entregado en dólares al exfuncionario.
El órgano acusador sostiene que los imputados alteraron estados financieros, presentaron reclamaciones inexistentes, justificaron pagos irregulares y aplicaron incrementos fraudulentos en tratamientos oncológicos, cardiovasculares y quirúrgicos.
Estas maniobras, dice la PEPCA, generaron un desfalco de más de 15 mil millones de pesos, con estimaciones que rondan los 43 mil millones.
Además, la investigación detalla presunta manipulación al personal de tecnología, uso de empresas de carpeta, facturación falsa, triangulación bancaria y compras simuladas para lavar fondos desviados.
“No estamos ante simples irregularidades administrativas; estamos frente a un atentado directo contra la vida y la salud de los dominicanos”, enfatizó el Ministerio Público.
El expediente también menciona beneficios personales como la compra de un vehículo de lujo mediante intermediación financiera.
Entre los delitos atribuidos figuran: asociación de malhechores, corrupción administrativa, coalición de funcionarios, estafa al Estado, falsificación, soborno y lavado de activos agravado.
La investigación asegura que, tras la judicialización de Ortiz, Germán Rafael Robles asumió el rol de cobrar el 30% de los supuestos sobornos, permitiendo que la estructura recaudara 536 millones de pesos entre 2022 y 2023.
Según el Ministerio Público, estas acciones habrían puesto en riesgo la sostenibilidad del seguro público y afectado a más de un millón de afiliados, especialmente los más vulnerables.