Santo Domingo.- Por un monto de 950 millones de pesos fueron embargadas las cuentas del Ministerio de Educación por el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del 2014, que había ordenado pagar incentivos laborales a técnicos de esa institución, basados en el desempeño del año 2012.
Los técnicos presentaron una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en contra del ministerio de Educación y de su titular, Roberto Fulcar, y del Estado dominicano, con el fin de que le sean compensados los daños y perjuicios que se les ha causado por el desacato del fallo.
El embargo retentivo al Ministerio de Educación fue trabado en las cuentas del Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección de Presupuesto, a fin de que inhabiliten la suma adeudada a los técnicos, para seguridad del cobro.
Los técnicos fueron favorecidos con la sentencia TC-0415-16, emitida por el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre de 2016.
El Ministerio de Educación suscribió el 24 de mayo del 2022 el acta de conciliación número 0004-2022, que homologó el contrato transaccional número 0282, suscrito con los técnicos de educación.
Mediante ese acuerdo, el Ministerio de Educación se comprometió a pagarle el 50 por ciento el 30 de julio del 2022, lo cual no ocurrió.
Las acciones legales fueron presentadas por los técnicos a través de los abogados Wilson Tolentino, Máximo Calzado y Caonabo Martínez, y anunciadas en rueda en una rueda de prensa con la participación de varios técnicos.
