Ministerio Público pone en marcha operación Cattleya contra la trata de personas
Rescata en diversos allanamientos a más de 80 mujeres sudamericanas que eran víctimas de red de trata de personas con fines de explotación sexual comercial.
Rescata en diversos allanamientos a más de 80 mujeres sudamericanas que eran víctimas de red de trata de personas con fines de explotación sexual comercial.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra 10 imputados venezolanos, colombianos y dominicanos.
La operación cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB).
“Debemos agradecer la cooperación de otros países en esta operación, en especial la de Estados Unidos, una nación que en su informe de este año sobre la trata de personas reconoce que, aunque debemos superar limitaciones, las autoridades de República Dominicana realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Bejarán Álvarez.
Como parte de la operación Cattleya, el Ministerio Público investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela.
Las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana. Sin embargo, las explotaban sexualmente.
En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.
Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre tres y cuatro mil dólares con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.