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Modificación del DR-Cafta

Ni que llamar la atención, por tan evidente que resulta, los perjuicios que acarrearía a la economía nacional ver desaparecer el sector agrícola nacional y convertirnos en dependientes de la importación de alimentos para suplir la canasta familiar de nuestro pueblo.

Mario Rivadulla

La Confederación Nacional de Productores Agrícolas (COFENAGRO) está planteando por nueva vez la modificación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA, ante el riesgo cada vez más cercano de que rubros sensibles de la agropecuaria nacional puedan desaparecer barridos por la competencia desleal de similares extranjeros que gozan de subsidios y facilidades de que carecen los productores dominicanos.

De manera específica se citan el arroz, que es nuestro principal cultivo, cuenta con mayor número de cosecheros y genera mayor cantidad de empleos en el sector agrícola, y adicionalmente la leche, la habichuela, el ajo, la cebolla, las carnes de res, cerdo y carne avícola. Prácticamente se trata de la base en que descansa la soberanía y la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.

El tema no es nuevo. De hecho, arranca desde que a última hora y un tanto a la precipitada, el país se enganchó en el acuerdo, donde algunos sectores, principalmente el arrocero, manifestaron su inquietud sobre los períodos de desgravación acordados. Con posterioridad, en el transcurso del tiempo, se ha dejado sentir el mismo urgente reclamo de los distintos subsectores agrícolas ante el avance de los términos de desgravación que permitirá la entrada al país sin pago de aranceles de los productos de competencia importados.

Ya desde el principio, el acuerdo arrojó resultados negativos para nuestra balanza comercial, principalmente con los Estados Unidos. El intercambio con el coloso del norte presentaba hasta ese momento un saldo equilibrado, en ocasiones con ligero superávit a favor del país. Sin embargo, a partir de entonces la situación se revirtió de manera significativa en contra nuestra. El persistente déficit registrado desde entonces muestra un acumulado de miles de millones de dólares.

Ni que llamar la atención, por tan evidente que resulta, los perjuicios que acarrearía a la economía nacional ver desaparecer el sector agrícola nacional y convertirnos en dependientes de la importación de alimentos para suplir la canasta familiar de nuestro pueblo.

Como elemento negativo agregado habría que sumar un aumento significativo del desempleo que en la gran ocupación de brazos que utiliza la agricultura encuentra un importante paliativo, un notable incremento en el nivel de pobreza de la población rural y un masivo desplazamiento de la misma hacia las zonas urbanas, ampliando la marginalidad social y la multiplicación de cinturones de pobreza con todas las consecuencias que acarrería.

Podrá argumentarse como factor de excusa que el sector agropecuario no ha hecho esfuerzos suficientes de tecnificación para aumentar su productividad y niveles de competencia. Pero aún admitiendo que sea así, resulta difícil imaginar que pudiera alcanzar los niveles de eficiencia que le permitan hacer frente a la abrumadora maquinaria agrícola de los Estados Unidos, con su producción asegurada contra todo riesgo y sus precios garantizados por subsidios del gobierno que alcanzan a decenas de miles de millones de dólares.

¿Es posible cambiar las condiciones del Tratado? Hasta donde tenemos entendido negociar modificaciones del mismo requiere de una gestión colectiva que incluya todos los países firmantes, es decir la totalidad de los centroamericanos. Por otra parte, la lógica indica que el actual gobierno estadounidense con su política nacionalista, imposición de aranceles y renegociación de tratados que considera lesivos a sus intereses, se mostrará poco o nada inclinado a modificar las condiciones del DR-CAFTA, que le arroja resultados tan favorables.

De todos modos, como se dice vulgarmente, no hay peor gestión que la que no se hace, y con intentarlo nada se pierde y a lo mejor algo se logra, si no en el propio tratado algunas medidas compensatorias y que contribuyan a aliviar sus efectos sobre nuestro importante sector agropecuario.

Sin embargo, lo que aconseja la más elemental prudencia es que el sector extreme sus esfuerzos por elevar al máximo sus índices de rendimiento y competitividad, para lo cual requerirá contar con el más firme y decidido apoyo del gobierno.

Precisamente, este pasado fin de semana, durante el XIX Encuentro Nacional Agropecuario organizado por la JAD con el aval de mas de ochocientos productores le fue entregado al presidente Danilo Medina un listado de sugerencias de obras del gobierno requerido por el sector.

En el listado figuran, entre otras, infraestructura de riego que debe incluir reservorios de agua para el ganado en época de sequía, de transporte terrestre, aéreo y marítimo, telecomunicaciones, y el muy importante de investigación para prevención, control de plagas y desarrollo de variedades resistentes a enfermedades y transferencia tecnológica. Esenciales de igual modo la reforestación y la celosa conservación de las áreas reservadas y las fuentes hídricas.

Lo demás dependerá en gran parte, como siempre, de la Virgen de La Altagracia.

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