La edición dominical matutina del vespertino El Nacional de esta pasada semana en un titular de primera plana recuerda y llama la atención sobre dos leyes vigentes de las cuales se hace tabla rasa de continuo y es como si no existieran.
Una de ellas es la 41-08 que establece de manera expresa la prohibición de paralizar los servicios públicos, entre los cuales hay que considerar en primera línea el transporte de pasajeros.
La otra, más reciente, la 63-17, en cuyo artículo 146 consigna que queda prohibido incendiar neumáticos, colocar clavos, grapas o cualquier objeto en las vías públicas o paseos dentro de la servidumbre de paso que obstaculice el libre tránsito.
Tanto en un caso como en el otro se establecen sanciones para los infractores. En esta última con prisión de uno a seis meses o con multa de 5 a 10 salarios mínimos. Innecesario decir que ni se cumplen, ni las autoridades toman interés o temen hacerlas cumplir por el llamado “costo político”, sobre todo en el caso de los transportistas que operan casi como un estado dentro del Estado.
Refrescar el contenido de ambas leyes viene a punto con motivo de los llamados paros-sorpresa con que la federación que dirige Juan Hubieres dejó varados en dos ocasiones en días recientes a miles de ciudadanos, en su inmensa mayoría de condición muy modesta, a la hora pico de marchar a sus labores cotidianas, tanto los trabajadores formales como los informales, los estudiantes a las aulas y los enfermos a las consultas médicas y hospitales.
Por igual de la amenaza del otro zar del transporte público, Antonio Marte, de apagar los motores de los setenta mil o más vehículos que según asegura siguen sus orientaciones. Del mismo modo, de la que a su vez hace Ricardo de los Santos, quien dirige las acciones de la todo poderosa federación que agrupa los camiones de transporte, empeñados en mantener el monopolio de la carga de mercancías, a despecho de la ley y la sentencia reciente del Tribunal Constitucional.
En cuanto a la prohibición de obstaculizar las vías públicas, quemando neumáticos y arrojando clavos, tornillos y otros objetos que impidan el tránsito, se ha convertido en una especie can presente en todos los movimientos de protesta. De estos ya hasta participan los maestros en huelga que en días recientes dieron a sus alumnos una clase práctica de cómo llevar a cabo un plan de protesta bloqueando el tránsito con troncos y quema de gomas.
(En el colmo del cinismo, hace ya bastante tiempo, un antiguo dirigente del transporte llegó a confesar públicamente que importaba unos clavos especiales de Venezuela de comprobada eficacia para penetrar el caucho de los vehículos, hasta que posteriormente con singular iniciativa “empresarial” decidió que era mas negocio fabricarlos en el país, por lo que no perdió tiempo en montar una industria con ese solo fin).
Lo cierto es que por falta de leyes, no pecamos. Posiblemente no exageramos al afirmar que somos uno de los países del continente y del mundo mejor artillados en ese sentido. Lo único que ni se cumplen, ni hay quien las haga cumplir exceptuando cuando conviene a determinados intereses o coyuntura política. Como diría el siempre bien recordado Cantinflas : “ahí es que está el detalle”.