El 22 de enero del 2018 se cumplirá un año de iniciado el torrente verde de la esperanza.
El pasado 22 de enero del 2017 comenzó la transformación de la indignación popular en movilizaciones ascendentes.
Entonces el clamor que alimenta la marejada verde parecía más sencillo que lo que realmente es: fin de la impunidad para acabar con la corrupción.
Las primeras movilizaciones la motivó un escándalo internacional que gravita sobre el Estado dominicano en sus relaciones delictivas con ODEBRECHT, con énfasis en los sobornos que facilitaron los contratos sobrevaluados.
Pero al transcurrir el año se develó algo que mucha gente no lograba percibir: que la corrupción y la impunidad son sistemas articulados, son Estado y empresas privadas asociadas, son gobierno, ministerio público, poder judicial, congreso nacional, JCE , TSE, sistema de partidos, altas jerarquías policiales y castrenses.
Asumió así mucho carácter la percepción de que el fin de la impunidad para acabar con la corruptela tiene un obstáculo de envergadura que se resume en un poder político-estatal- empresarial dominado por mafias diversas (no solo la de ODEBRECHT), que se amalgaman y entrecruzan respondiendo a una jerarquía institucional con preeminencia de la Presidencia de la República.
Mafias en constante activismo y protegidas por un blindaje institucional reforzado por la Constitución del 2010.
El surgimiento de MV como movimiento social politizado, con un poder de convocatoria sin precedente en las últimas décadas, capaz de arrinconar al sistema de partidos con su formidable cadena de marchas ordenadas y ejemplares, ha podido poner en vilo al régimen morado y a toda la partidocracia; develando de paso ante los ojos de un gran parte de la población con más escolaridad y mayores niveles de conciencia social y política, la naturaleza dictatorial y mafiosa de este Estado.
• PENDIENTE LO FUNDAMENTAL.
Sin embargo, MV todavía no ha podido lograr el fin de la impunidad. Menos aun detener el proceso de putrefacción del Estado y los escándalos que lo delatan.
A la evidencia de la relación mafiosa con ODEBRECHT le han seguido el pus y la sangre que emana del CEA, CORDE, OISOE, TUCANOS, OMSA, CARTEL GLP….Mientras todos los reclamos e iniciativas de sanción a los culpables han chocado con la corrupción como sistema y con el régimen estatal que protege a sus protagonistas y beneficiarios.
No hay justicia ni en la más mínima expresión.
Todo el Estado está podrido y protegido por una muralla institucional que arranca desde el Poder Ejecutivo y enlaza todos los poderes del Estado colmados de corrupción.
De esa realidad palpable y las continuas prédicas sobre las características de las instituciones y quienes la dirigen, brota la convicción, cada vez más colectiva, de que ciertamente el fin de la impunidad para acabar con la corrupción es un hueso más duro de roer de lo que inicialmente se pensaba.
Tal convicción alienta la necesidad de vencer los obstáculos más evidentes: gobierno, Estado, instituciones, poder mafioso…
Igual motiva el entendimiento de que esa necesidad no se puede lograr a través de las instituciones y sistemas que hay que desmontar.
El camino extra-institucional, el poder de calle, se torna cada vez más imprescindible.
El juicio hay que hacérselo al Presidente de la República desde las calles.
El Juicio al Presidente aproxima reclamar la salida del gobierno para desmontar la dictadura institucional y reconstruir el Estado y sus instituciones.
Y así, al salir el 2017 y entrar el 2018, se van enlazando lo de JUICIO A DANILO, FUERA EL GOBIERNO Y CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA; es decir, la ruta alternativa procesual que le puede poner fin a la impunidad para acabar con la corrupción y muchas plagas más. Ruta que a su vez, para ser efectiva, exige mayores niveles de movilización, procesos ascendentes de paralización y alto grado de desobediencia civil y receptividad democrática en las filas militares