Santiago de Chile.- La petición de diversos representantes y partidos de la derecha de Chile al Gobierno para que se retiren todas las querellas contra el expresidente Sebastián Piñera, muerto hace una semana al estrellarse el helicóptero que él mismo pilotaba, incluidas las denuncias por supuestas violaciones de los derechos humanos, ha desatado una nueva y agria polémica en el país.
El último en intervenir en la misma fue este miércoles el líder de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, quien recordó que el actual presidente de la República, Gabriel Boric, no puede «retractarse de querellas que no ha presentado».
«Tampoco podría intervenir en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, por ser órganos autónomos e independientes, tratar de influir para que los procesos terminen o se sobresean, sería una invasión de las atribuciones propias de otro poder del Estado», explicó Margotta en una entrevista al digital local El Desconcierto.
La CCHDH ha sido una de las principales querellantes contra los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos que sufrieron decenas de personas en el contexto del estallido social, la oleada de protestas sociales que sacudió Chile en 2019, consideradas las más grandes desde el fin de la dictadura militar (1973-1989).
En total, la organización ha presentado 46 querellas, cuyo recorrido ha sido puesto ahora en entredicho por parte de la derecha tras las controvertidas palabras del presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado, en el que señaló que durante el Gobierno de Piñera «las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”.
El diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) José Antonio Coloma, en una entrevista a un medio local, insistió en que «esta autocrítica se tiene que ir materializando en hechos concretos como el retiro de todas las querellas».
Los polémicos dichos de Boric fueron duramente criticados por el Partido Comunista y los sectores más de izquierda de la coalición gubernamental, por una parte, y motivaron a la derecha a presionar al Ejecutivo para retirar las denuncias.
Este martes, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, insistió en un punto de prensa que la actual administración no tiene acciones judiciales dirigidas al fallecido exmandatario y pidió «no sobrerreaccionar» ante las palabras de Boric.
Además de las denuncias presentadas por la CCHDH, entre otros de los querellantes hay varios abogados vinculados a la izquierda, la actual presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y un grupo de dirigentes de la coalición de izquierda Frente Amplio, que integra la coalición de Gobierno u oficialismo.
En este último grupo destaca la actual ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien en 2020, cuando se interpuso la querella, era presidenta del partido Comunes.
Según la prensa local, Toro abandonó la representación de la causa antes de que Boric asumiera el mando del país.
Varias de otras causas en las que aparecía el exmandatario, algunas por presunta corrupción, ya han empezado el proceso hacia el sobreseimiento como consecuencia de la inesperada muerte del expresidente.
