Latinoamérica está viviendo uno de los capítulos más convulsionados de su historia en materia de corrupción, con presidentes y vicepresidentes destituidos, perseguidos judicialmente, prófugos de la justicia y hasta confesos de corrupción, desde Brasil, Perú, Guatemala, Ecuador, Argentina, Panamá, El Salvador, en un lapso de tres años.
El caso Lava Jato explosionó en Brasil provocando la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento del ex presidente Lula quien aspira nuevamente a la presidencia, del cual salió a la luz todo el escándalo de corrupción de una de las empresas implicadas en el mismo Odebrecht, la cual con la connivencia de funcionarios públicos exportó a distintos países su modelo corrupto de obtención de contratos de obras de construcción apareados a financiamientos, a veces incluso gracias a la cercanía política de gobiernos de esos países con el de Brasil.
Pero no solo se ha tratado de este mega escándalo internacional que involucra países como Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, México, República Dominicana, entre otros, sino de que otros grandes escándalos también han salido a la luz pública como el denominado caso de la “Danza de los Cuadernos” en Argentina que involucra a la expresidente Cristina Kirchner, funcionarios de los gobiernos de los Kirchner así como empresas locales y extranjeras por un monto supuestamente de 160 millones de dólares, descubierto por la entrega de 8 cuadernos en los que un chofer de un ex viceministro anotó meticulosamente las bolsas de dinero entregadas durante 10 años.
También en El Salvador, el expresidente Tony Saca decidió declararse culpable por comisión de actos de corrupción y lavado de activos por un monto de 300 millones de dólares, para negociar su probable condena.
La simultaneidad con que todos estos casos se están destapando en la región nos permiten identificar aspectos comunes, pues en la mayoría de estos se trata de otorgamiento de contratos de obras, concesiones y otros por distintos gobiernos a empresas, de dinero dado por debajo de la mesa para financiar campañas electorales presidenciales y de otros funcionarios electivos por empresas beneficiarias de contratos y de lavado de dinero por los funcionarios implicados.
Pero también esta coincidencia en el tiempo ha puesto de relieve notables diferencias en el tratamiento de estos casos, pues mientras en algunos países la investigación ha provocado que poderes legislativos hayan destituido a gobernantes como es el caso de Dilma en Brasil o que el llamado a juicio político haya provocado renuncias como sucedió con PPK en Perú, o que ex presidentes y vicepresidentes estén siendo procesados como es el caso de Martinelli en Panamá, Humala y Toledo en Perú, o hayan sido condenados como Boudou en Argentina, Glas en Ecuador, Pérez y Baldetti en Guatemala; en otros países estas denuncias de corrupción han tenido poco o ningún efecto.
Es obligado preguntarse qué hace la diferencia en el tratamiento de la corrupción en estos países y necesariamente hay que concluir que la existencia de poderes judiciales y legislativos no controlados por el poder ejecutivo, es clave para que exista fiscalización, investigación y sanción; así como que el control de todos los poderes por un presidente o partido de gobierno desvirtúa la investigación de los fiscales y la acción de la justicia, cuyos movimientos están controlados por los hilos del poder que determinan cuales son las fichas del ajedrez político que se sacrificarán o se preservarán.
Por eso más que nunca debemos tomar conciencia de cuan dañino es para un país débil institucionalmente como el nuestro, la excesiva concentración de poder en un partido de gobierno y la necesidad de una justicia independiente y de un congreso que represente un real contrapeso.
