Así se destapó la mayor red de corrupción en la historia de Senasa
La Procuraduría y SISALRIL realizan auditorías tras denuncias públicas que destaparon irregularidades en contratos y nómina.
Santiago Hazim, exdirector del Senasa.
Una compleja red de corrupción operó durante años dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa), involucrando a funcionarios claves, exempleados, médicos, familiares y empresas vinculadas, quienes habrían sustraído decenas de millones de pesos mediante sobornos y autorizaciones médicas fraudulentas.
El esquema puso en riesgo directo la atención de más de 7.5 millones de afiliados de la ARS estatal, la más grande del país y que concentra el 71.2 % del mercado.
Detalles confirmados sobre la red de corrupción en Senasa
Tras varias denuncias públicas, las investigaciones surgieron luego de que el presidente Luis Abinader ordenara a SISALRIL y al nuevo director de Senasa, Edward Guzmán, entregar a la Procuraduría un informe con las graves irregularidades detectadas.
Luego salieron a relucir varias denuncias que durante al menos cuatro años se ejecutó un esquema fraudulento que drenó recursos y debilitó la gobernanza institucional. Según los hallazgos, más de 41 millones de pesos habrían sido movilizados mediante transferencias ilícitas, incluyendo pagos a empresas relacionadas con funcionarios como Gustavo Güílamo, Germán Robles, Rafael Dujarric y Gustavo Mesina.
Entre las irregularidades figura un contrato firmado en 2020 con la empresa Khersum SRL para gestionar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado. Bajo modificaciones aplicadas en la actual administración, Senasa pagaba 65 millones de pesos mensuales —780 millones al año— sin controles efectivos ni evidencia de servicios prestados.
Las auditorías también revelaron un incremento de la nómina que pasó de 1,408 a 1,971 empleados, además de la apertura de 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico con costos superiores a cinco millones mensuales, funciones que previamente realizaban los consulados.
Usuarios y llamadas de prueba confirmaron largas esperas para citas médicas y retrasos en medicamentos esenciales.
Impacto financiero y operativo en el Seguro Nacional de Salud
En noviembre de 2024, el Gobierno solicitó formalmente investigar a Senasa, lo que activó auditorías de la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Antifraude y SISALRIL. En este contexto, Santiago Hazim fue destituido y sustituido por Edward Guzmán. Días después, el director de Persecución, Wilson Camacho, afirmó que las pesquisas avanzaban.
En el ámbito financiero, denuncias de la Fuerza del Pueblo estimaron un déficit acumulado de 3,372.8 millones de pesos en el régimen subsidiado. La morosidad con proveedores pasó de 0.97 % en 2020 a 46.02 % en 2023, manteniéndose en 44 % en 2024, situación que afectó a clínicas, farmacias y laboratorios.
Según estas denuncias, la combinación de fraude, burocracia inflada y contratos privilegiados provocó una crisis sin precedentes en la aseguradora estatal.
Un elemento clave del desfalco fue la creación de un call center paralelo dirigido por Ángel Luis Guzmán, exempleado de Senasa, que gestionaba indicaciones falsas para aprobar cirugías, consultas y tratamientos inexistentes. La red habría estado integrada por unos 40 participantes, incluyendo empleados y familiares.
Entre las empresas beneficiadas figura LUFARCA, propiedad de Ada Ledesma, socia del consultor jurídico Germán Robles en SKINMED ESTHETIC CLINIC. Registros muestran pagos exprés por millones de pesos a esta suplidora el mismo día en que facturaba.
Entre 2021 y 2024 se registraron más de 4,000 autorizaciones fraudulentas de cirugías y consultas, provocando un desfalco estimado en 41 millones de pesos.
Además, se identificaron 29 transferencias por 6.7 millones de pesos hacia médicos y prestadores, entre ellos profesionales de los apellidos López, de la Rosa y Batista Cruz, así como empresas vinculadas como Fraxion SRL. En total, las operaciones rastreadas superan los 12 millones de pesos, comprometiendo gravemente el presupuesto institucional.
El 6 de diciembre de 2025, Santiago Hazim compareció ante la Procuraduría General para ser interrogado. Tras más de cinco horas, quedó bajo arresto mientras el Ministerio Público prepara la solicitud de medidas de coerción.
El exdirector de Senasa, Chanel Rosa Chupany, denunció que durante la gestión de Hazim se habría implementado una doble contabilidad para ocultar el tamaño real de la deuda y evitar alertas regulatorias.
Afirmó que se reportaban cifras menores, se alteraban datos y se manipulaban reservas técnicas.
- En el marco de la Operación Cobra, el Ministerio Público confirmó el arresto de ocho personas vinculadas al caso: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. La Procuraduría advirtió que aún quedan múltiples personas físicas y jurídicas bajo investigación para eventuales sometimientos.