El Congreso busca aprobar una ley antes del vencimiento del plazo impuesto por el Tribunal Constitucional.
Ante las críticas por recientes fallos del Tribunal Constitucional, que han generado preocupación sobre el rumbo jurídico del país, legisladores y sectores políticos plantean que la elección de jueces debe basarse, por encima de todo, en su preparación profesional, integridad y criterio ético.
Una de las sentencias más controvertidas del Tribunal Constitucional es la 1225, que eliminó la prohibición de relaciones entre personas del mismo sexo en la Policía y las Fuerzas Armadas, fallo que desató un debate nacional sobre moral, disciplina institucional y libertades individuales.
Este lunes, el presidente del Partido Generación de Servidores, Carlos Peña, acudió al Congreso para solicitar un juicio político contra nueve jueces de la alta corte que votaron a favor de la despenalización de las relaciones homosexuales dentro de los cuerpos castrenses.
La solicitud de Generación de Servidores va dirigida a los partidos Revolucionario Moderno y Fuerza del Pueblo, quienes desde ya califican como un extremismo esta petición.
A este ambiente tenso se suma la sentencia que invalidó la ley 10-15 del Código Procesal Penal por fallas legislativas y que el Congreso busca aprobar antes de que venza el plazo del TC el 11 de diciembre.
Se agrega también el fallo que eliminó requisitos para candidaturas independientes: el tribunal defendió el pluralismo, mientras partidos alertaron desorden e impactos en el sistema político.
Ante este escenario, legisladores exigen replantear el método de elección de jueces.