Víctor Bautista.
En medio de crisis fiscales y financieras serias, casi siempre los paquetes de medidas, concebidas por los países para capear estos temporales, incluyen el ajuste hacia abajo de los salarios devengados por los funcionarios, aunque al final el impacto no sea tan importante.
Básicamente es un tema de señales para que el resto de la economía asuma una conducta de austeridad. Entre los dominicanos, los privilegios de quienes dirigen el Estado constituyen un tópico de recurrente debate.
La coyuntura actual es propicia para abordarlo por dos razones fundamentales: la ley de organización de los salarios públicos que cursa en el Congreso y el inicio de una nueva gestión gubernamental en un escenario de déficit fiscal, con un entorno internacional marcado por la tormenta financiera europea y una economía estadounidense que no acaba de despegar.
Los ciudadanos necesitamos –desde el gobierno- señales contundentes para el uso prudente de los recursos. Es sano establecer un orden en las escalas salariales y fijar montos sinceros, de acuerdo con el peso de las funciones y los niveles de responsabilidad.
Debemos cuidarnos, sin embargo, de los enfoques populistas o, como dice la Biblia, echar vino nuevo en odres viejos. La reorganización salarial, el uso racional de los recursos públicos y, en fin, el control del gasto en el gobierno sólo pueden tener sentido con el cumplimiento de una tarea pendiente.
Se trata de la prevención de la corrupción y de un sistema de consecuencias drástico contra el saqueo del erario. Revertir los excesos en materia de salarios y beneficios del sector público e instaurar un esquema en el que ningún funcionario gane más que el presidente, equivale a nada si no son bloqueados el cobro de peajes, el tráfico de influencia y los sobreprecios en las compras. Ese es el gran agujero.
Hay quienes aceptarían gustosos que su salario baje a veinte pesos siempre que perviva ese esquema corrupto.
Por Víctor Bautista
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