Victor Bautista.
El pacto fiscal, como concepto y semántica, ha sido un repiqueteo incesante en la boca de todos, en la campaña y fuera de ella, en la transición.
Ha inundado los discursos públicos y privados. Es la expresión cohete. Casi un cliché de opinión pública.
Su contagio ha sido viral, tan pegajoso como una bachata, un estribillo inmarcesible y prolongado, de esos que se introducen en la psique y calan el inconsciente a fuerza de mambo. En síntesis, el pacto fiscal ha sido suficientemente merengueado.
Está en el artículo 36 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se usó como excusa para una reforma fiscal que no guarda diferencia en regresividad y en potencial inflacionario con las anteriores.
El asiduo oficiante del concepto fue Temístocles Montás, el más parlanchín de los ministros, que ahora lo lanzó al olvido como buen político tropical que vive de lo episódico y de la sustitución mecánica de una coyuntura por otra para lograr un presente de amnesia conveniente.
El pacto fiscal sobrevuela sin orden de aterrizaje. Nadie le ha dado su sentido, que no es más que establecer una plataforma de confianza para que gobernantes y gobernados sean responsables en el manejo de los recursos de la nación y la administración de las riquezas que genera la economía.
Cuando la elite gobernante sustrae, distrae o dispendia los fondos recaudados, mata el futuro de la gente, empobrece y atrasa. Si el gobernado asume una actitud omisa y evade el pago de impuestos, impide las políticas distributivas, ata las manos al Estado y lo convierte en un manejador de carencias.
La cascareada Ley de Responsabilidad Fiscal (¿será el nuevo cliché?) debe lograr ese equilibrio: eliminar la desconfianza entre los ciudadanos y el gobierno. Los primeros dejarían de pensar que el segundo siempre se las ingenia para robar y éste abandonaría la convicción de que los primeros son una horda de evasores y contrabandistas.
