Julio César de la Rosa y Rigoberto Rosario, dirigentes de ADOCCO
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) advirtió serio dolo en los contratos otorgados al contratista Ángel Rondón Rijo, durante el periodo de transición, ya que indicó que en los mismos no se cumplió con las disposiciones de la Ley 340-06 de Compras y Contracciones Públicas que prohíbe el grado a grado.
ADOCCO pidió al nuevo director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), dejar sin efectos el contrato intervenido entre el ex director Frank Rodríguez y la empresa de Rondón Rijo. Aseveró además que el accionar de este contratista en el país ha sido cuestionado, e incluso sometido a la Justicia por el famoso caso de corrupción Plan Renove, sin que la rescisión del mismo implique una exoneración de responsabilidad para los responsables de la irregularidad.
A través de un comunicado, el vocero de la entidad anticorrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio, recordó a los nuevos funcionarios que el ocultamiento de la comisión de irregularidades en las instituciones en las que han sido designados constituye complicidad por omisión y podrían correr la misma suerte de los ex funcionarios que cometieron irregularidades durante sus gestiones, por lo que les exhortó a poner en manos de las autoridades del Ministerio Público la documentación necesaria para encausar judicialmente a los actores.
ADOCCO recordó este martes que el pasado 9 de julio, el ex director del INDRHI firmó un contrato con la empresa Consultores y Contratistas (Conamsa), representada por Rondón Rijo, por un valor superior a los RD$61 millones, para la adecuación de río Camú, y la construcción de muros de gaviones en Montellano, Puerto Plata, en los sectores de El Tamarindo, La Policía, Los Mangos, Los Pérez y Buen Pan.
Indicó que como parte del acuerdo, la entidad tenía que entregar un pago como anticipo por valor del 12 por ciento del valor de la obra que era de RD $ 61, 302,323.60, lo que equivale a un avance de RD$12, 260,465. Agregó que conforme el acuerdo, Conamsa tendría un plazo de 12 meses para la entrega de los trabajos.
También señala que, no obstante haber otorgado el primer contrato en franca violación a la Ley 340-06, nueve días después de rubricado dicho acuerdo, el INDRHI firmó otro contrato con la misma empresa y su representante, esta vez, por un valor de RD$19,474,583.76. Las obras a ejecutar serían un muro vertedor lateral en el río Maimón, en la zona de riego de la Laguna Nisibón, así como la rehabilitación del dique Mina de Oro, en esa misma zona. Del monto total, RD$16,787,224 serían para la construcción del muro y los otros RD$2,687,359 para los trabajos en el dique, al igual que el contrato anterior, se dispone un adelanto de un 20%, que estaba sujeto al pago de un fianza que garantice el monto total del mismo, en ambos contratos se dispone, además, que «la ejecución de los trabajos comprenderá las partidas contenidas en los planos y presupuestos de fecha 2 de julio del 2012 para el primero, y 23 de febrero del 2012 y 30 de mayo del 2012, para el siguiente, señala el comunicado.
De la Rosa Tiburcio señaló que el 14 de mayo el INDRHI firmó un acuerdo con la empresa Devialsa Desarrollo Vial SRL, representada por el ingeniero Víctor Concepción Tavárez Santos, por valor de RD$63,522,356.51. Dicha empresa se encargará, según el documento, a la adecuación del río Las Yayas, tramo I, en Padre Las Casas; la adecuación del río Jura, tramo I y II y la construcción de un muro de gaviones y adecuación del río Vía, también en la zona de riego de Azua.
El coordinador general de la entidad cívica pidió al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, que reclame de los contratistas que recibieron pagos para la realización de obras como la Biblioteca Nacional, Comedor, Torre Administrativa y Torre Tecnológica de la UASD y no honraron su compromisos, por lo que tuvo la entidad adscrita al Poder Ejecutivo tener que contratar otras empresas para la culminación de las mismas y establecer responsabilidades civiles y penales, no obstante estas hayan realizado la devolución de los pagos recibidos y no justificado, por lo que estará la organización vigilante del curso de los reclamos.
