La encargada de Ética Gubernamental, la exvicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch, hizo un pedido que por la naturaleza de su cargo debería ser acogido y aplicado de inmediato como parte de un proceso efectivo de transparencia en el manejo de fondos públicos.
Nos referimos a su solicitud, formulada de manera pública a través de los medios de comunicación, para que las declaraciones juradas de bienes, tanto de los funcionarios salientes como los del nuevo gobierno sean confrontadas con sus declaraciones ante la DGII y también con las cuentas que tienen en la banca nacional y extranjera.
Consideramos que tal pedimento no puede provocar queja alguna, por lo menos de forma válida y sustentable de parte de los funcionarios, si en realidad han transparentado de forma íntegra en las declaraciones, sus respectivos patrimonios y si no tienen nada irregular que ocultar.
Desde hace tiempo tal requerimiento ha debido ser aplicado por iniciativa propia de la Cámara de Cuentas para no limitarse, como de hecho ha ocurrido durante mucho tiempo, a recibir las declaraciones en un simple acto burocrático y administrativo, un requisito sin mayor seriedad y rigor.
Aunque no lo señaló y de hecho no tenía que hacerlo porque se supone descontado si la pretendida transparencia es integral, el pedido de Ortiz Bosch debe aplicarse por igual y sin excepción alguna, a todos los funcionarios, los de la pasada administración y los que se inician en la actual gestión.
Como parte de la necesidad de cambios para un adecentamiento de la vida pública y fortalecer la institucionalidad en todos los órdenes, es importante el reclamo que se hace desde diferentes sectores de la sociedad se hace para el cumplimiento de la normativa de la declaración jurada de bienes a que están obligados los funcionarios públicos.
Nada justifica el incumplimiento de esta obligación ética y legal por parte de los funcionarios, por lo que la tardanza en cumplir con la normativa no admite excusa alguna. De hecho, un número apreciable hubiera incurrido en violación a la ley si la Cámara de Cuentas no hubiera prorrogado el plazo correspondiente.
Esta dejadez o incumplimiento puede ser atribuida en principio a la ya proverbial inclinación de dejadez o descuido de los dominicanos de dejar todo para última hora aunque haya plazos prolongados, porque este comportamiento es un rasgo cultural muy extendido.
Sin embargo, para evitar suspicacias, que estarían más que justificadas cuando las cosas no se hacen ajustadas a la ley, hay que proceder cuanto antes al cotejo que pide la encargada de Ética Gubernamental y la opinión pública deberá ser informada con amplitud de sus resultados y sin deliberadas o sospechosas lentitudes.
