Redacción América.– Feministas de toda Latinoamérica, que enfrentan desprotección en países como El Salvador, miedo a perder derechos en Argentina, intensos debates políticos en Brasil y avances en México, se manifestaron este jueves durante el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.
En El Salvador, activistas de la Asamblea Feminista denunciaron la penalización total del aborto como la «mayor expresión de violencia» contra las mujeres, que pueden ser acusadas de homicidio agravado y condenadas a penas de 30 años de prisión, incluso en casos de abortos involuntarios.
La activista Liseth Alas señaló la necesidad de avanzar para conseguir una “legislación que permita salvaguardar la vida y la salud de las niñas y de las mujeres en el país».
Con ese motivo se presentó la iniciativa «Niñas no Madres», reclamando la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual contra las menores de 18 años.
Precisamente, este jueves hubo cuestionamientos sobre cómo el Estado tratará el caso de una niña, víctima de violencia sexual por un miembro de la Fuerza Armada en complicidad con otros soldados, si además enfrenta un embarazo forzado, una situación que ha generado preocupación y críticas por el manejo que se le ha dado y la falta de protección a la infancia.
Pasos hacia la despenalización
En medio de un intenso debate en Brasil, las feministas marcharon por sus principales ciudades para respaldar el derecho a interrumpir el embarazo.
La protesta más grande tuvo lugar en São Paulo, donde las feministas ocuparon parte de la Avenida Paulista, reclamando que el aborto se trate como un problema de salud pública.
La controversia sobre el aborto se ha vuelto especialmente relevante en el país después de que la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, votara a favor de su legalización hasta la semana 12 de gestación, justo antes de jubilarse, lo que ha enfrentado a la Corte Suprema, que está considerando la despenalización, y a los legisladores conservadores, que buscan prohibirlo por completo.
Estos últimos, principalmente vinculados a iglesias evangélicas y a la ultraderecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, decidieron convocar a un plebiscito para que la población se pronuncie sobre la prohibición del aborto, ya que la mayoría de los sondeos sobre el asunto indican que más de la mitad de la población es contraria a esta práctica.
Miedo al retroceso en los derechos de las mujeres
Cientos de mujeres se concentraron en el centro de Santiago de Chile en un «pañuelazo» que enfatizó la defensa de la ley de interrupción del embarazo frente a los «riesgos» de la actual propuesta constitucional, impulsada por el Partido Republicano, que busca derogar la ley de aborto vigente en Chile.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que derogar las tres causales que contempla la ley -riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación- sería un «grave retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».
También, en Argentina preocupan las propuestas que pueden suponer un retroceso en el derecho al aborto, conquistado hace dos años después de un complejo proceso, y contra las que miles de mujeres y colectivos feministas de Argentina marcharon hoy en una gran marea verde.
Con lemas como «Para hacerle frente al fascismo, más feminismo», las activistas mostraron su rechazo a las propuestas de candidatos conservadores a la presidencia del país, como las del libertario Javier Milei, líder de las encuestas, quien amenazó con suprimir instituciones como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en caso de asumir la Presidencia y convocar un plebiscito sobre la Ley del Aborto.
“Tanto al candidato Milei como a Patricia Bullrich, representante de Juntos por el Cambio, no les interesa seguir sosteniendo las políticas públicas que se llevaron hasta este momento”, aseguró a EFE Carolina, trabajadora de dicho ministerio.
La capital ecuatoriana fue escenario de otra de las movilizaciones bajo consignas de «aborto libre, legal y seguro».
Entre las participantes estaba la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador, Dayana Basantes, quien recriminó al Gobierno por no ofrecer información sobre el aborto en caso de violación, luego de su histórica despenalización el año pasado.
Basantes también reprochó al Ejecutivo la serie de condiciones introducidas en la normativa por el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, para acceder al aborto por violación, con requisitos como haber presentado previamente una denuncia y hacerlo dentro de las doce primeras semanas, en lugar de la excepción de dieciocho para algunos casos como adolescentes.
En la misma línea, casi un centenar de personas, entre ellas activistas y varias ONG de Venezuela, participaron en una «concentración verde» frente a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en Caracas, para exigir la legalización del aborto, penalizado en el Código Penal.
En la manifestación predominó el color verde que identifica esta lucha, y la mayoría de los asistentes, mayoritariamente mujeres, corearon consignas y alzaron carteles con mensajes en los que exigían que la interrupción del embarazo sea «legal, segura y gratuita».
«Ni presa por abortar ni muerta por intentar», «Ser madre es una decisión, no una imposición», y «Fuera la religión de nuestros ovarios», decían algunos de los escritos en los carteles.
