Lilliam Fondeur denuncia “crimen contra la humanidad” por esterilización de adolescentes en hospitales públicos
Esta acusación implica graves violaciones a los derechos humanos en el sistema de salud pública dominicano.
Santo Domingo.– La ginecóloga y experta en salud pública Lilliam Fondeur denunció que hospitales públicos de la República Dominicana estarían realizando esterilizaciones quirúrgicas a adolescentes, una práctica que calificó como un crimen contra la humanidad y una violación grave de los derechos humanos.
¿Qué revelan las estadísticas oficiales sobre esterilizaciones en adolescentes?
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Fondeur aseguró que ningún adolescente tiene capacidad legal ni médica para consentir una esterilización, y que no existe justificación clínica —ni malformaciones, ni condiciones de salud, ni siquiera casos de violación— que avale ese procedimiento en menores de edad. Indicó que incluso cuando existe autorización de padres o tutores, esta decisión puede ser objeto de demanda judicial.
La especialista explicó que la denuncia se sustenta en estadísticas oficiales del repositorio del Servicio Nacional de Salud (SNS), donde se reportan cifras significativas de esterilizaciones quirúrgicas voluntarias en adolescentes dentro del renglón de planificación familiar. Señaló que estos registros comenzaron a evidenciarse a partir de 2024 y mostraron un incremento mensual en distintos centros hospitalarios del país.
Fondeur citó casos específicos como 44 adolescentes esterilizadas en hospitales de Los Mina, 91 en un centro de Santiago, así como reportes en Engombe, Mata Grande y otros hospitales, lo que evidencia que la práctica no está focalizada en una sola región, sino que ocurre a nivel nacional, principalmente en zonas de alta vulnerabilidad social.
Impactos y consecuencias de la esterilización en menores
La ginecóloga advirtió que, tras hacer pública la información, las estadísticas fueron retiradas del repositorio oficial, bajo el argumento de que se trataba de un error. Sin embargo, sostuvo que en 2025 continúan registrándose casos, aunque con menor nivel de reporte, lo que no implica que la práctica haya desaparecido.
En cuanto a las consecuencias, explicó que la esterilización no detiene la menstruación ni altera la producción hormonal, pero anula de forma definitiva la capacidad reproductiva, salvo mediante fertilización in vitro, un procedimiento de alto costo inaccesible para la mayoría de la población.
A nivel psicológico, señaló impactos como dolor post esterilización, disminución del deseo sexual y afectación de la autoestima, especialmente en adolescentes que aún no han definido su proyecto de vida.
Fondeur afirmó que la esterilización de menores no puede considerarse una estrategia válida para reducir el embarazo adolescente, y alertó que este tipo de prácticas podría llevar al Estado dominicano ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ocurrió en casos documentados en Perú y Puerto Rico.
Finalmente, reiteró que decidir quién puede o no reproducirse constituye una forma de violencia estructural, particularmente contra adolescentes en condición de pobreza, y llamó a una investigación profunda y transparente por parte de las autoridades sanitarias.