Infamias

Santo Domingo.– La falta de drasticidad e inequívoco rechazo de la corrupción por parte de muchas autoridades da pie a irresponsables denuncias falaces que se suman al catálogo de procesos pendientes de sentencia o judicialización. El descrédito y deshonra que se procura con publicaciones o posts es otro ilícito impune, por la mansa anarquía imperante.

Un ejemplo es la insensata campaña contra funcionarios, sin imputarles algún delito concreto, o entidades con estados auditados y desempeño muy supervisado.

Una es el Banco de Reservas, propiedad del Estado que en este Gobierno han presidido Samuel Pereyra y Leonardo Aguilera, dos de los colaboradores de mayor confianza del presidente.

(Cumplo advirtiendo al lector que este banco ha patrocinado, junto con seis o siete empresas privadas, tres de mis 30 libros publicados). Esparcir rumores infundados es un delito que atenta contra el sistema financiero y la estabilidad.

Una cosa es que algún ente estatal realice gastos que podría argüirse que son innecesarios o que el Gobierno mantenga una cantidad extraordinaria de depósitos de recursos provenientes de emisiones de bonos en vez de invertir en obras o gastos de capital.

Cualquier irregularidad atribuible a funcionarios o directivos, si la hubiera, hace rato que habría sido denunciada con indicios o datos ciertos para que la Fiscalía actúe. Injuriar sin atribuir hechos específicos y tratar de estropear reputaciones me parece muy irresponsable y cobarde.

También lo es repetir lo que otro diga con intención maleva. Hay suficientes cananas reales para que profesionales sin tacha padezcan las infamias de sinvergüenzas y extorsionadores que merecen rendir cuenta de sus maldades.