La disputa evidenció que ni el imperio azucarero dominicano escapaba a las leyes comunes de herencia y división.
Santo Domingo.– Muchos años después, cuando el mundo comenzó a hacer ruido digital hasta en los pensamientos más íntimos y los apellidos dejaron de oler a tinta para oler a algoritmo, habría de recordar aquella tarde remota de 1980 en que el apellido Vicini saltó de los protocolos notariales a las rotativas del vespertino La Noticia.
En este país el azúcar no era solo un producto: era una atmósfera. Se respiraba. Olor a melaza en los muelles, humo de chimeneas al amanecer, trenes lentos cargando caña como si transportaran la paciencia del siglo XIX.
El azúcar era una forma de tiempo. Y detrás de ese paisaje estaba el linaje fundado por Juan Bautista Vicini Cánepa, inmigrante italiano que no solo sembró caña, sino una cultura empresarial hecha de disciplina, discreción y continuidad.
Pero en 1980 el imperio crujía.
La herencia que tocaba a los descendientes de Felipe Vicini Perdomo y a su hermano Atilano Vicini Perdomo, que durante décadas se había preservado como bloque indivisible —casi como dogma familiar— comenzó a fracturarse. Lo que por tradición se administraba como unidad sagrada se convirtió en materia litigiosa.
El azúcar, que había sobrevivido a ciclones, invasiones, devaluaciones y cambios de régimen, ahora enfrentaba algo más íntimo: la división.
Mientras los grandes medios guardaban silencio —apenas roto por frías notificaciones judiciales que nadie comentaba en voz alta— escribí varios artículos en La Noticia. No por desafío, sino por oficio. El periodista no elige el temblor: lo registra.
Fue entonces cuando Juan Bosch me llamó con esa mezcla de ironía y curiosidad que le iluminaba los ojos.
—Víctor, por aquí estuvo Enzo Mastrolilli —me dijo— y me comentó que Giani Vicini ha leído tus artículos.
No era una frase trivial. En aquel país donde las élites preferían el silencio como estrategia y la discreción como armadura, que uno de los herederos del mayor conglomerado azucarero leyera y comentara artículos sobre el conflicto familiar era señal de que el asunto había dejado de ser privado.
Metido ya en la historia del periodismo dominicano, recordé mis años en El Nacional de Ahora, mi ingreso en 1969 tras aquella huelga en Metaldom que impresionó a Radhamés Gómez Pepín, y mi renuncia en 1973 después de la censura de un reportaje sobre tierras en Nisibón. Sabía que escribir sobre tierras, herencias y caña no era un gesto literario: era un acto político.
El conflicto de 1980 fue un duelo jurídico monumental.
De un lado, Atilano Vicini Perdomo reclamando la partición del patrimonio. Del otro, los sobrinos defendiendo la continuidad indivisible del grupo, como si la empresa fuera no solo una sociedad comercial sino una unidad moral heredada del fundador.
La escena se trasladó a los tribunales.
Salvador Jorge Blanco asumió la defensa de Atilano, con su verbo preciso y su formación jurídica sólida. Frente a él, Ramón Pina Acevedo defendía a los sobrinos, erigiendo la continuidad patrimonial como argumento técnico y como tradición histórica.
Fue una cátedra de derecho civil y sucesorio.
En los pasillos del Palacio de Justicia se comentaban cifras que parecían irreales para la economía dominicana de la época: ingenios, tierras, acciones, deudas, reservas. Pero más allá de los números, lo que estaba en juego era un mito: la indivisibilidad eterna.
En un país donde la historia política había sido fractura constante —golpes, revoluciones, intervenciones— la élite azucarera había logrado proyectar una imagen de permanencia inalterable.
El conflicto de 1980 mostró que ni siquiera los patriarcas del azúcar escapaban a la ley común de la herencia: todo imperio termina dividiéndose, aunque sobreviva.
Al final hubo acuerdos técnicos y compensaciones económicas. El grupo empresarial no se desmoronó. Se reestructuró. Se adaptó. Aprendió, quizá, que la modernidad exige transparencia y que los silencios del siglo XIX no siempre funcionaban en el XX.
Pero algo cambió para siempre.
El azúcar dejó de ser solo economía y se convirtió en historia pública.
Lo que antes se resolvía en comedores privados y despachos discretos pasó a discutirse en tribunales y periódicos. El apellido Vicini dejó de ser únicamente sinónimo de producción y exportación, y se transformó en objeto de debate ciudadano.
Y yo entendí aquella tarde, cuando Bosch me comentó con su media sonrisa que habían leído mis artículos, que el verdadero poder no es el que acumula tierras, sino el que resiste la mirada pública.
El otoño de los patriarcas del azúcar no fue una caída. Fue una revelación.
Porque los imperios familiares pueden sobrevivir a los ciclones, a las dictaduras y a las devaluaciones.
Pero cuando la historia entra por la puerta del juzgado y la prensa enciende la luz, ya nada vuelve a ser completamente indivisible.
Y desde entonces, cada vez que siento el olor distante de la melaza en algún puerto del Caribe, recuerdo que en 1980 el azúcar dominicano aprendió que también tenía memoria.