La operación española del trujillismo que frustró una dinastía

Santo Domingo.– Hay regímenes que no se defienden con ejércitos, sino con relatos. El de Rafael Leónidas Trujillo, en su fase final, entendió que la supervivencia ya no dependía únicamente del control interno, sino de algo más frágil y decisivo: la respetabilidad exterior. 

No bastaba gobernar; había que parecer gobernable. No bastaba mandar; había que ser aceptado. Y para eso, el régimen convirtió la diplomacia, el periodismo y el crimen en piezas de un mismo engranaje.

Para Trujillo, España no era solo un aliado: era el espejo en el que quería verse reflejado. Allí se jugaba algo más que una relación bilateral; se jugaba la posibilidad de inscribirse en la historia como algo distinto a un dictador caribeño: como fundador de una estirpe.

Ese objetivo explica muchas cosas que, vistas aisladamente, podrían parecer excesos. Vistas en conjunto, revelan un diseño.

El servicio diplomático dominicano fue movilizado como una maquinaria de imagen y control. 

Los embajadores no actuaban como representantes del país, sino como delegados personales del Jefe. 

Los cónsules observaban, informaban, señalaban. 

Los agregados vigilaban a los exiliados, rastreaban conversaciones, evaluaban riesgos. 

No se trataba de persuadir, sino de neutralizar. No se trataba de convencer, sino de borrar.

Todo lo que perturbara esa construcción debía desaparecer. Ahí entran los nombres que el régimen no podía tolerar.

Jesús de Galíndez no fue secuestrado únicamente por escribir una tesis. Fue secuestrado porque su voz tenía credibilidad. Porque hablaba desde el conocimiento directo. Porque no era un panfleto, sino un documento académico en el corazón de las universidades estadounidenses. Porque convertía a Trujillo en un problema internacional, justo cuando el régimen intentaba ser aceptado como interlocutor respetable. 

Galíndez rompía el relato. Y en un sistema basado en el relato, eso equivalía a una amenaza existencial.

José Almoina Mateos era todavía más peligroso. No escribía desde fuera, sino desde dentro. 

Había conocido los engranajes del poder, sus rutinas, sus miserias, sus nombres propios. 

México no era un escenario cualquiera: era el centro del exilio intelectual, de la prensa crítica, del eco internacional. El asesinato decía una sola cosa: no hay refugio posible para quien quiebra el silencio.

Estos crímenes no fueron improvisaciones. Fueron operaciones que solo podían ejecutarse con cobertura diplomática, con información previa, con redes de apoyo y con la certeza de que el costo político sería manejable. Eso define una política de Estado, no una vendetta personal.

Entre ellos se inscribe Rafael Molina Morillo. En 1954, Molina Morillo recibió del régimen la suma de 10,000 dólares por trabajos realizados en España. 

No era un honorario periodístico común. Era una cifra excepcional para la época, indicativa de una misión política. 

Su labor se inscribía en la operación de imagen, enlace y gestión de relaciones durante la proyección internacional del trujillismo en territorio español. 

No actuaba como embajador ni como funcionario formal, sino como intermediario útil, con margen de negación y flexibilidad operativa.

Después, el régimen lo envió a un circuito preciso: México–Panamá–México. Ese trayecto no era turístico. México concentraba el exilio antitrujillista, los intelectuales incómodos, las redes críticas. 

Panamá ofrecía tránsito, discreción, logística. Volver a México significaba seguimiento, contacto, observación. Era el mapa habitual de una política exterior que no distinguía entre diplomacia y vigilancia.

Nada de esto fue accidental. El régimen pagaba bien a quienes cumplían tareas sensibles. Movía civiles donde no convenía comprometer a diplomáticos. 

Mezclaba periodismo, política y control narrativo con absoluta naturalidad. La frontera entre informar y operar era deliberadamente borrosa.

En febrero de 1958, cuando el joven Juan Carlos de Borbón llegó a Ciudad Trujillo como guardiamarina del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, todo ese aparato ya estaba en funcionamiento. 

La visita no fue oficial, pero fue tratada con cuidado simbólico. Trujillo entendía el valor de la imagen. 

La posibilidad —real o fantaseada— de una alianza dinástica, incluso de un matrimonio con Angelita Trujillo, formaba parte de ese horizonte mental. 

No como negociación formal, sino como ambición imaginable de un poder que quería perpetuarse más allá de su fundador.

Para que esa fantasía fuera siquiera pensable, había que limpiar el escenario. Había que acallar voces. Había que borrar libros. Había que eliminar testigos. Galíndez y Almoina no murieron por escribir. 

Murieron porque escribían en el momento en que el régimen intentaba reescribirse a sí mismo.

El arco se cerró rápido. Secuestro, asesinato, visita, derrumbe. 

En 1961, el régimen cayó sin relato que lo sostuviera. Lo que había sido presentado como Estado resultó ser una maquinaria de miedo. Lo que aspiraba a dinastía quedó reducido a ruina.

La historia no absuelve ni condena: revela. Y cuando se observa con atención, lo que aparece no es una suma de episodios sueltos, sino una estructura coherente donde diplomacia, propaganda y crimen actuaron al unísono. 

Ese fue, en su última década, el verdadero rostro exterior del trujillismo.