Educación y Salud figuran a la cabeza del programa de servicios que el Estado está obligado a prestar a los ciudadanos. Y el acceso a ambas en forma gratuita y en condiciones de calidad, se considera un derecho humano esencial.
En el caso de la Educación a través de una sostenida e inteligente campaña cívica de reclamo se logró que Danilo Medina, en los mismos inicios de su primer gobierno, asumiera como prioridad dar vigencia a la ley que disponía la entrega del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto.
Si bien todavía queda mucho trecho por transitar, vacíos que llenar, escollos que superar y hojas del almanaque que caer para lograr el ideal de una Educación de calidad que es el objetivo fundamental perseguido, al menos se dispone de los recursos establecidos, cuota que se ha venido cumpliendo religiosamente año tras año.
No ha ocurrido así con el sector Salud. Pese a su importancia fundamental, ha venido desenvolviéndose en condiciones extremadamente precarias, con frecuencia conflictivas y disponiendo de un presupuesto a todas luces insuficiente para poder cumplir con el deber de prestar las atenciones básicas requeridas por la población.
Carente de medios para acceder a prestaciones de calidad en el sector privado, la inmensa mayoría de la población se ve obligada a depender de un sistema hospitalario altamente deficiente y deficitario, en que resaltan las precariedades, carencias y bajo nivel de atenciones, y donde los justificados motivos de queja superan con mucho las muy contadas razones de satisfacción.
De ahí que conscientes de esa realidad, haya sido acogida con calor por parte de varios de los más connotados actores del sistema la propuesta del Pacto por la reforma estructural del sector Salud planteada a los partidos políticos por las instituciones que conforman la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
Desde sus respectivos ángulos y posiciones, resultan en este sentido coincidentes en brindarle su apoyo los doctores Nelson Rodríguez Monegro, ex director del Servicio Nacional de Salud, su actual director Chanel Rosa Chuppany, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Rosa, Julio Amado Castaños Guzmán, rector de UNIBE y Gran Maestro de la Medicina Dominicana y el reconocido experto en Seguridad Social, Arismendy Díaz Santana.
Todas son voces conocidas y respetadas que corresponden a profundos conocedores de las precariedades que aquejan al sector de la salud pública en nuestro país y que han estado tradicionalmente comprometidos con todo esfuerzo encaminado a mejorarla.
La propuesta de ADESA conlleva como es natural el reclamo de una mucho más significativa partida presupuestaria para poder acometer y sustentar la tan necesaria tarea en todos sus aspectos fundamentales. A ese efecto, demanda la asignación de un cinco por ciento del presupuesto para poder garantizar a la población la prestación de servicios de salud en la cantidad y calidad requeridos.
Falta ahora que los partidos políticos acojan la propuesta y la traduzcan en un compromiso firme y serio, y de común acuerdo sea llevada al Congreso para convertirla en ley dándole sustentación jurídica, como un tema prioritario del más alto interés nacional y de continuidad como política de Estado.