Nueva ley de Compras y Contrataciones Públicas obliga a destinar 30 % de las compras a las mipymes
La nueva normativa también fortalece el régimen de consecuencias para funcionarios y proveedores que incurran en irregularidades que van de 2 a 10 años de prisión esto dependiendo de la gravedad de los hechos.
Santo Domingo.– El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas 47-25, establece que el 30 % del presupuesto destinado a compras deberá ser dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y que al menos el 10 % deberá corresponder a Mipymes lideradas por mujeres, además de priorizar la producción nacional y permitir que los procesos se orienten a proveedores del territorio.
La ley, que entró en vigencia este jueves 29 de enero, introduce cambios estructurales en los procesos de adquisición del Estado, incluyendo la reducción significativa de los tiempos de contratación y la simplificación de los trámites para hacer más eficientes las compras públicas.
Pimentel señaló que el nuevo marco normativo busca mayor eficiencia en los procesos, lo que ya se refleja en la disminución de los plazos. “El promedio actual de una licitación son 58 días entre convocatoria y adjudicación… venimos de 150 días, venimos de 180 días”, explicó.
Indicó que la normativa también contempla un registro de proveedores con un régimen simplificado, lo que permitirá una mayor participación de pequeños productores, incluyendo los del sector agropecuario, en el mercado público.
El funcionario informó que, previo a la entrada en vigencia de la ley, se desarrolló un amplio proceso de socialización y capacitación tanto para las unidades de compra como para los proveedores del Estado. “Hemos estado realizando ajustes al sistema electrónico de contrataciones… y agotando un proceso de formación con las unidades de compra, con los proveedores”, señaló.
Precisó que existen alianzas con más de diez universidades del país, mediante programas de maestrías, diplomados y cursos especializados, además de una plataforma virtual de formación. “Las unidades de compra, los proveedores pueden hacer los distintos cursos de capacitación que tenemos en la nueva ley”, expresó.
Sanciones de hasta 10 años de prisión
La nueva normativa también fortalece el régimen de consecuencias para funcionarios y proveedores que incurran en irregularidades que van de dos a diez años de prisión esto dependiendo de la gravedad de los hechos.
Asimismo, recordó que la ley establece la obligación de remitir a los órganos competentes los casos en los que se identifiquen irregularidades con indicios penales.