Nadie en su sano juicio puede negar que República Dominicana está expuesta a grandes riesgos y amenazas como resultado de la profunda, persistente e intratable crisis haitiana, la cual se agravó a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse a mediados del año pasado dando lugar a la proliferación de bandas criminales que ejercen un control total de gran parte del territorio haitiano y, consecuentemente, a un colapso del poco Estado que le quedaba a Haití. De hecho, no se trata solo de problemas potenciales para nuestro país sino de realidades presentes que impactan el mercado laboral, las formas productivas, la salud pública, el medio ambiente y la propia seguridad de la nación.
Ignorar o querer minimizar esa realidad sería una enorme irresponsabilidad. Somos una isla con dos países, lo que hace que la única frontera terrestre que cada uno tiene sea con el otro. Así, una crisis de la dimensión y complejidad que afecta a Haití –económica, institucional, medioambiental, de orden y seguridad- tiene necesariamente implicaciones directas sobre nuestro país. Ningún sector de la sociedad dominicana niega, ni puede negar, que estamos ante uno de los mayores desafíos, sino el mayor, que enfrenta la República Dominicana.
Ahora bien, el debate sobre esta cuestión en el país evoca la alegoría que usó Roland Barthes en su libro Mitologías al decir que en la lucha libre, a diferencia del boxeo, siempre hay un contendiente que representa “el bien” y otro que representa “el mal”. Hay que cambiar esa lógica. Más allá de la visión maniquea –buenos y malos, patriotas y traidores-, se impone que en este debate participen y contribuyan los más variados sectores de la sociedad dominicana, incluyendo aquellos que dependen de la mano de obra haitiana, con miras a adoptar políticas públicas que se sustenten en informaciones confiables (de ahí la importancia del censo poblacional), análisis objetivos y proyecciones realistas. Es necesario superar la lógica del “discurso único” y aceptar que en una cuestión tan compleja como esta, como en cualquier otra, es inevitable la pluralidad de ideas y enfoques y que la única manera de construir una política de Estado sostenible en el tiempo será como resultado de consensos y compromisos fundamentales entre diferentes actores económicos, sociales y políticos del país.
Los flujos migratorios son fenómenos que se producen en todas las épocas, aunque varíen en intensidad, por unas razones u otras: guerras, conflictos civiles, crisis económicas, desastres naturales, pobreza, entre muchos otros. Venezuela, por ejemplo, ha producido más de siete millones de refugiados y migrantes en los últimos diez o quince años, de los cuales Colombia ha absorbido alrededor de dos millones y medio, mientras que la otra parte se ha dispersado en América Latina y el resto del mundo. La ola migratoria cubana hacia Estados Unidos desde finales del año pasado ya ha superado a todas las anteriores, mientras que las crisis políticas en Bolivia, Ecuador, Perú y Nicaragua han provocado grandes desplazamientos humanos hacia los países vecinos causando grandes tensiones y desafíos en los países receptores. República Dominicana ha sido igualmente un país emisor de migrantes, por lo que nos corresponde ver el fenómeno migratorio también desde la perspectiva de nuestros migrantes.
En lo que respecta a la migración haitiana en República Dominicana, esta empezó en los albores del siglo XX con la estructuración de la industria azucarera, se expandió durante la era de Trujillo luego de su adquisición de los ingenios propiedad de compañías extranjeras y se expandió durante los gobiernos de Balaguer para satisfacer la necesidad de braceros tanto en los ingenios del CEA como de los ingenios privados, política que continuó en los gobiernos subsiguientes. A partir de los años novena, con la expansión económica en la República Dominicana y, simultáneamente, la profundización de la crisis político-institucional y económico-social en Haití, la presencia haitiana se incrementó y diseminó en múltiples áreas de la economía, especialmente en la construcción y en los principales renglones agrícolas. Hoy día esos sectores dependen de esa mano de obra, nos guste o no nos guste.
Nada de esto implica desconocer que Haití es un caso especial por las características propias de su historia, por la profundidad y dimensión de su crisis, por su nivel de pobreza y por los fracasos sucesivos de la comunidad internacional en los intentos de reencauzar esa sociedad por el camino de la estabilidad, el orden, la gobernabilidad y el desarrollo.
En un punto en el que estamos de acuerdo en República Dominicana es que la solución de la crisis haitiana no puede dejarse exclusivamente a los propios haitianos, de ahí la demanda de que la comunidad internacional articule mecanismos de presencia y apoyo en Haití con una visión de largo plazo, de construcción estatal y con respuestas efectivas a los graves problemas sociales, medioambientales y, sobre todo, de seguridad que afectan a ese país. Esto debe implicar también un proceso de concertación política interna para que, poco a poco, se pueda lograr la necesaria estabilidad y gobernabilidad que Haití necesita, proceso que debe incluir un cambio constitucional que deje atrás el modelo político que los haitianos copiaron de la Constitución de la V República francesa que resulta completamente incompatible con la realidad haitiana.
En el plano interno tenemos enormes desafíos en lo que concierne a la protección de nuestra frontera, el reordenamiento de nuestros mercados laborales y la aplicación de las normas legales en materia migratoria. Se impone una dosis de realismo: no es cierto que podemos deportar a todos los migrantes haitianos como tampoco ningún país lo ha podido hacer con sus inmigrantes. Hay sectores de la economía dominicana que dependen altamente o casi exclusivamente de la mano de obra haitiana, por lo que es una ilusión pensar que podemos dejar a esos sectores sin esa mano de obra aún reconociendo que parte de la solución de esta problemática conlleva la transformación productiva para hacer que esos sectores sean menos dependiente de la fuerza laboral haitiana.
Nadie niega que hay que implementar políticas claras y consistentes en materia de deportaciones, pero esto implica también que una parte de la población migrante debe ser regularizada como lo dispone la ley de migración y lo ordenó el Tribunal Constitucional en la sentencia 168-13 a partir de la cual se emprendió un plan de regularización que alcanzó a alrededor de doscientos cincuenta mil migrantes. Este plan debe ser rescatado y finalizado como condición necesaria para, primero, darle seguridad jurídica a la población migrante que permanezca legalmente en el país y, segundo, darle coherencia y sostenibilidad a la política de repatriaciones de los migrantes en situación irregular.
Para lograr estas líneas de acción en materia migratoria, al igual que sucede en otros ámbitos, se requiere un Estado cada vez más fuerte que haga valer su propia legalidad y el interés común. Esto no se logra de manera fácil e inmediata ni con declaraciones grandilocuentes, sino con esfuerzos sostenidos a través del tiempo, inversión de recursos, capacitación y la sedimentación de prácticas en las diferentes instituciones responsables de la gestión de la migración que sean coherentes con los mandatos de nuestro ordenamiento jurídico.