Firmes
El Estado reafirma que nadie está por encima de la ley con esta decisión en el caso SeNaSa.
Santo Domingo.– La imposición de 18 meses de prisión preventiva en el caso SeNaSa es una decisión correcta y necesaria para garantizar la integridad del proceso judicial.
Ante imputaciones tan graves como corrupción, desfalco y lavado de activos, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza.
Esta medida envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y protege la investigación de posibles interferencias, reforzando la confianza ciudadana en la justicia.