Con la designación y juramentación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, el Gobierno pone en marcha de manera formal esta nueva institución.
La ley también asigna al Ministerio de Justicia la representación y defensa jurídica del Estado y de la Administración Pública.
Santo Domingo.– El Ministerio de Justicia es el órgano del Poder Ejecutivo responsable de formular, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas en materia de justicia, así como de coordinar el sistema penitenciario y correccional.
También, la representación judicial del Estado, los asuntos registrales y las políticas de derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025.
Con la designación y juramentación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, el Gobierno pone en marcha de manera formal esta nueva institución.
Según la legislación, el Ministerio de Justicia actúa como órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y las distintas entidades que integran el sistema de justicia, sin interferir en la independencia del Poder Judicial, el Ministerio Público y los demás órganos constitucionales.
Su función es garantizar una actuación coherente y articulada del Estado en materia judicial.
Entre sus atribuciones principales se encuentra la coordinación del sistema de justicia, la formulación de políticas públicas contra la criminalidad, la supervisión del sistema penitenciario y correccional, así como la gestión de los servicios penitenciarios, orientados a la reinserción social y al cumplimiento de las decisiones judiciales.
La ley también asigna al Ministerio de Justicia la representación y defensa jurídica del Estado y de la Administración Pública en los casos que corresponda, además de la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la respuesta institucional ante organismos internacionales en esa materia.
Asimismo, la nueva cartera tiene a su cargo los asuntos registrales y los servicios a la ciudadanía, y está facultada para proponer iniciativas legislativas, emitir opiniones jurídicas sobre proyectos de leyes vinculados al sistema de justicia y coordinar acciones con organismos nacionales e internacionales.