¿Quién es Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, el nuevo director general de la DGII?
Es diplomado en Arbitraje, avalado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como en Administración de Riesgo de Lavado de Activos.
Pedro Porfirio Urrutia director DGII.
Santo Domingo.– Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni es un contable y tributario que posee experiencia en consultoría impositiva, outsourcing y auditoría, áreas en las que ha desarrollado una carrera vinculada tanto al sector privado como a organismos técnicos nacionales e internacionales y ahora fue designaco por el presidente Luis Abinader como el director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Sangiovanni está certificado en Prevención de Lavado de Activos (Anti-Money Laundering) y es titular de un máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, formación que refuerza su perfil técnico para dirigir la administración tributaria del país.
Es diplomado en Arbitraje, avalado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como en Administración de Riesgo de Lavado de Activos.
Trayectoria gremial y contribuciones legales
En el ámbito gremial y técnico, Urrutia Sangiovanni ha ocupado posiciones relevantes en la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y en la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados, institución de la cual fue presidente.
Asimismo, fue miembro de la Comisión Técnica de Control de Calidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) durante el período 2019-2021.
Su experiencia también incluye la participación como asesor y miembro de comisiones para la elaboración de importantes leyes que rigen el marco económico y empresarial del país, entre ellas la Ley para el Fomento del Desarrollo Turístico, núm. 158-01; la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, núm. 479-08; leyes aplicables a empresas concesionarias de distintos sectores; y la Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial, núm. 46-20.