Francisco Domínguez Brito.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras la auditoría practicada al ayuntamiento del Distrito Nacional y otras alcaldías, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, consideró que de comprobarse irregularidades en estos casos, no debería haber impunidad, pero aclaró que esto está en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Una de las últimas auditorías presentadas por la Cámara de Cuentas, fue la que se le realizó a la alcaldía del Distrito Nacional, que revela que este ayuntamiento tenía empleados que laboran en otras instituciones, pago de nómina por encima de lo establecido, impuestos retenidos y no pagados, retenciones aplicadas y no pagadas a la Tesorería de la Seguridad Social y ejecución de obras por debajo de lo que pide la Ley.
También el pago de obras sin ejecutar, pago de obras iniciadas y no terminadas, pagos injustificados de obras terminadas, avance inicial de obras otorgados por encima de lo establecido, alquileres y rentas millonarias con documentación escasa, entre otras.
En el 2008 se detectó que el Cabildo utilizó más de RD$1,378 millones en gastos no contemplados en el presupuesto, recursos que debieron de ser invertidos en obras de infraestructuras y desarrollo social, según el artículo 21 de la Ley 176-07 sobre Municipalidad.
Otra de las anomalías encontradas corresponde a pagos de rentas y alquileres por unos RD$126 millones, los cuales no presentan documentación que justificara dicho desembolso, así como la omisión de ingresos por casi RD$30 millones, alegando desconocimiento de los mismos, a pesar de que fueron confirmados por su tesorero.
El manejo impositivo fue otro señalamiento a la administración de Roberto Salcedo en 2008, pues según la auditoría, RD$33,9 millones fueron retenidos en impuestos y no pagados a la DGII, mientras que RD$ 9.5 millones se dejaron de percibir y liquidar.
El informe reveló que otros RD$30 MM se retuvieron y tampoco fueron saldados a la Tesorería de Seguridad Social (TSS), con un total ascendente a los RD$75 millones.
En cuanto a violaciones a la Ley 41-08 sobre Función Pública, se identificaron 81 personas que devengaban salarios por un total de RD$18MM en el ADN y eran empleados en otras instituciones gubernamentales, como la entonces Secretaría de Educación, Deportes, pensionados civiles, activos del Ejército, Policía Nacional, entre otros.
Otras inconsistencias, hacen referencia al sobregiro por más RD$15 millones al monto establecido como avance inicial para la ejecución de proyectos.
Igualmente, desembolsaron de forma no razonable unos RD$7 millones para pagos de fianzas, obras sin ejecutar, otras iniciadas y no terminadas; mientras que RD$6,9 millones fueron pagados de manera injustificada a obras ya concluidas.
Además, se elevan por casi RD$20 millones otras incoherencias fiscalizadas en el Estado de Ejecución Presupuestaria del ADN en 2008, y estas abarcan excesos en la nómina, violaciones a las leyes de compras y contrataciones, así como algunos acuerdos y desembolsos que contradicen lo establecido en dicho plan.
Todos los detalles concernientes a este dictamen pueden ser constatados en el Informe de Auditoría No. 74-2010, presentado el 29 de mayo de 2009 por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
JCM
