Kathleen Sebelius, Secretaria estadounidense de Salud
Washington, EE.UU.- El Supremo de EE.UU. decidió este lunes no intervenir y mantenerse de momento al margen de la querella iniciada por el estado de Virginia contra la reforma del sistema de salud que impulsó el Gobierno de Barack Obama.
El fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, había pedido en febrero que el Supremo considerara la constitucionalidad de la ley, considerada la mayor reforma del sistema de sanidad de Estados Unidos en medio siglo.
Sin disensiones ni comentarios, los nueve magistrados del Supremo decidieron no entrar en el tema y devolvieron la polémica a manos de los seis tribunales federales de apelación que actualmente procesan demandas contra la ley de salud promulgada el año pasado.
La primera audiencia sobre uno de estas demandas ocurrirá el 10 de mayo ante el Tribunal de Apelaciones del cuarto distrito federal en Richmond, Virginia.
La decisión del Supremo en el caso titulado Virginia vs. Sebelius -por la secretaria estadounidense de Salud, Kathleen Sebelius- era esperada.
Los magistrados del Supremo tienen atribuciones para aceptar y ocuparse de casos antes de que se complete la revisión por parte de los tribunales federales de apelación, pero rara vez lo hacen.
Los adversarios de la reforma de sanidad argumentan que el Gobierno de Obama intenta implantar un «sistema socialista», y cuestionan en particular la constitucionalidad de las estipulaciones que harán obligatorio que todas las personas en EE.UU. tengan algún tipo de cobertura con seguro médico.
La senadora republicana por Texas, Kay Bailey Hutchinson, dijo en un comunicado que la decisión del Tribunal Supremo da más urgencia a que el Congreso apruebe «de inmediato» su propuesta de ley para suspender la aplicación de la reforma de salud hasta que haya un dictamen definitivo sobre las demandas que pesan contra esa reforma.
Hasta ahora, 37 senadores republicanos se han sumado al proyecto de ley de Hutchinson, que lleva por título «Salvar a nuestros Estados» (SOS, en inglés).
Los gobiernos estatales, que afrontan grandes presiones presupuestarias, y las empresas creadoras de empleos «permanecen en el limbo, con un derroche potencial de miles de millones de dólares al poner en marcha una ley que puede ser declarada anticonstitucional» y anulada por el Supremo, advirtió Hutchinson.
Un factor que puede haber pesado en la decisión del Supremo de no involucrarse ahora en esta querella es lo avanzado en que se encuentra el año judicial, que obligaría a traspasar el asunto al próximo curso judicial, que comienza en octubre.
Se espera que algunos de los casos que ahora están en los tribunales federales de apelación llegarán al Tribunal Supremo en el próximo período de sesiones, y entonces los magistrados sí podrían intervenir en la disputa.
