Cuando hace ya alrededor de diecisiete años, acabada de promulgar la Ley de Seguridad Social, un contado grupo de periodistas fuimos invitados a brindar nuestra opinión sobre la misma por su primer Gerente General y principal arquitecto del sistema, Arismendi Díaz Santana, y varios de los integrantes de su Consejo Nacional, establecido como organismo rector del sistema. El encuentro tuvo lugar en un hotel de la capital.
Fue en esa ocasión que admitiendo ignorancia sobre un tema tan especializado, por simple deducción lógica nos limitamos a señalar que dada su complejidad resultaría necesario llevar a cabo una amplia y permanente campaña de orientación a los futuros asegurados sobre la cobertura de salud, pensión y accidentes laborales que les garantizaría el sistema y la forma de acceder a los mismos. La sugerencia mereció respuestas de acogida…pero no pasó de la simple aprobación verbal.
Si bien la ley integró como un nuevo elemento, único en todos los sistemas de seguridad social en el mundo, la creación del Departamento de Información y Defensoría de los Afiliados (DIDA) encargado de velar por los derechos de los asegurados, no le dotó ni de capacidad ejecutiva, ni de los mínimos recursos indispensables para mantener una sostenida y amplia campaña de información a los mismos.
De justicia señalar que pese a ello, gracias a la vocación y dedicación de servicio de su personal, ha resuelto hasta ahora de manera favorable a los asegurados más del 95 por ciento de los miles de reclamaciones que atiende cada mes.
Pero cada día, en la medida en que aumenta la afiliación al sistema, que ya cuenta con bastante más de siete millones de asegurados entre los regímenes contributivo y subsidiado se resiente más la falta de un plan de orientación, por lo que sin temor a exagerar se puede afirmar que la gran mayoría ignora cuales son sus derechos y la forma de reclamarlos.
Como más reciente prueba al canto baste señalar el cintillo que como noticia principal de portada desplegó el “Diario Libre” en su edición de este pasado lunes y la consiguiente amplia información de página interior, dando cuenta de que en las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hay en estos momentos de más de mil 700 millones de pesos acumulados en cuentas de asegurados fallecidos, cuyos fondos no han sido reclamados por los familiares con derecho a recibirlos por vía de herencia.
El grado de desconocimiento y falta de información de estos es de tal magnitud que de un total de más de 58 mil casos en esa condición apenas se han presentado a reclamar el cobro en unos 2 mil 100. O sea que hay alrededor de 56 mil potenciales herederos que ignoran que tienen derecho a percibir dichos aportes acumulados por su pariente fallecido, bastando que demuestren su condición de legítimos.
Al presente cursa en las Cámaras Legislativas el proyecto de modificaciones introducido a la Ley de Seguridad Social con fines de actualizarla, cubrir sus lagunas, corregir sus fallos, y de alguna forma buscar el mecanismo que permita elevar la proyección del monto de pensiones que recibirán los asegurados del retiro, al presente estimado en un pobrísimo porcentaje de apenas un máximo de un 28 por ciento del salario de los últimos tres años.
De esperar por consiguiente, que se tome en consideración con la importancia que amerita la necesidad de incluir como factor primordial la necesidad de mantener un sostenido plan de divulgación que permita corregir el estado de ignorancia e indefensión en que se encuentra actualmente la inmensa mayoría de los asegurados, a fin de cubrir el enorme vacío de información que les impide conocer los derechos que les asisten y la forma de hacerlos valer.