El Cartel de los Soles y su convergencia entre crimen organizado, corrupción y amenaza regional

Santo Domingo.– Por Edwin Feliz Brito

El Cartel de los Soles constituye un fenómeno criminal singular en América Latina, caracterizado por un señalamiento de ser la simbiosis entre ser una estructura militar estatal y una red internacional de narcotráfico. Su evolución desde la década de 1990 hasta la actualidad refleja cómo dinámicas de corrupción, impunidad y militarización del poder político en Venezuela dieron lugar a una organización que trasciende el ámbito del narcotráfico para convertirse en un factor de inestabilidad regional, por eso nos detenemos a analizar sus orígenes, principales hitos, actores involucrados y repercusiones internacionales, con especial énfasis en su designación reciente como organización terrorista por parte de Estados Unidos, Paraguay , Argentina y Republica Dominicana.

Small wars journal sitio de investigación académica sobre el crimen organizado, sugiere que en América Latina se han desarrollado diversas tipologías de carteles y grupos armados, aunque pocos alcanzan el grado de penetración institucional que presenta el denominado Cartel de los Soles. A diferencia de las estructuras mexicanas o colombianas, este no se configura en los márgenes del Estado, sino que se gesta en el núcleo mismo de las Fuerzas Armadas venezolanas; lo cual le confiere un carácter híbrido: al mismo tiempo, instrumento de represión, red logística y plataforma de narcotráfico. De ahí la necesidad de comprender de qué manera la degradación del Estado de derecho permite que la criminalidad no solo conviva con las instituciones, sino que llegue a fundirse con ellas y transformarlas desde dentro.

Prestigiosos medios como la revista especializada InSight Crime, el periódico español El País, el portal Swiss info, y el medio de comunicación digital argentino de gran relevancia en América Latina Infobae, coinciden en afirmar que los primeros indicios de participación militar venezolana en el narcotráfico se registraron a inicios de los años noventa, asociados a oficiales que permitían el tránsito de cocaína procedente de Colombia, recordemos que el término Cartel de los Soles surgió cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por vínculos con cargamentos de droga, denominación derivada de los emblemas solares que portaban en sus uniformes. Con el ascenso de Hugo Chávez, la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas alcanzó nuevas dimensiones, en el que se crearon mecanismos de protección institucional a cambio de lealtad política.

Entre los episodios más notorios vinculados a este cartel destacan la incautación de 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo de Air France (2013), la detención de un comandante con medio millar de kilos de droga en 2014 y el arresto en Haití de familiares directos de la primera dama venezolana en 2015, quienes intentaban trasladar casi una tonelada de cocaína a Estados Unidos. Estos hechos delatan un patrón y evidencia la penetración del narcotráfico que no se limita a sectores marginales, sino que involucra a círculos íntimos del poder político, esto según BBC mundo.

El prestigioso periódico español El País publicó un artículo titulado “El fiscal Héctor Barros y el homicidio en Chile del disidente Ronald Ojeda: ‘Estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano’”. Según la publicación, el jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios señaló en abril de 2024 que el asesinato del exteniente Ojeda tenía un móvil político, que fue planificado desde Caracas y ejecutado por la megabanda Tren de Aragua. Este crimen en Chile ilustró la capacidad del cartel y sus aliados para llevar a cabo operaciones extraterritoriales con fines políticos. La investigación judicial en Santiago vinculó directamente la orden con actores venezolanos, lo que abrió un nuevo debate sobre la utilización del crimen organizado como instrumento de represión transnacional. Este caso motivó que el gobierno chileno presentara la denuncia ante la Corte Penal Internacional, generando un precedente en la judicialización internacional de delitos con motivación político-criminal.

El departamento del tesoro de los Estados Unidos, en julio de este año confirmó la designación en 2025 del Cartel de los Soles como organización terrorista, a ello se sumó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, con más de 4.000 efectivos, en el marco de una estrategia de interdicción contra redes de narcotráfico. Este escenario incrementa las tensiones geopolíticas, particularmente con un gobierno venezolano que percibe estas medidas como preludio de una intervención.

En julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Volvió a sancionar al Cartel de los Soles, designándolo como una organización terrorista global especialmente designada. La OFAC señaló que el cartel, encabezado por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, ha corrompido instituciones gubernamentales, incluyendo el aparato militar, para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. Además, se le acusa de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

El Cartel de los Soles constituye un caso paradigmático de criminalización del Estado, donde la frontera entre aparato gubernamental y organización ilícita se diluye. Su persistencia y expansión revelan que la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a acciones policiales o militares, sino que requiere abordar la dimensión política de la corrupción estructural. Para la región, este fenómeno representa un problema de seguridad pública y un desafío a la gobernanza democrática y al derecho internacional, en este contexto, la República Dominicana dio un paso decisivo este 2 de septiembre de 2025, cuando el Poder Ejecutivo emitió el decreto 500-25 que designa formalmente al Cartel de los Soles como organización terrorista. La disposición instruye a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar medidas preventivas frente a posibles incursiones de dicho grupo en territorio nacional o contra intereses dominicanos en el exterior. La decisión se fundamenta en el mandato constitucional de combatir toda forma de criminalidad transnacional que amenace la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional.

El decreto establece, además, que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunique la decisión a los organismos internacionales competentes y a los socios estratégicos del país, coordinando acciones multilaterales en el marco del derecho internacional para promover sanciones y mecanismos de cooperación contra esta estructura criminal. Con ello, República Dominicana se suma a los esfuerzos hemisféricos para enfrentar un fenómeno que, más allá del narcotráfico, encarna la fusión más peligrosa entre aparato estatal y crimen organizado en América Latina.