Del debate público al control del Estado (1986–1996)
El nombramiento de Contralor General en 1996 reflejó la continuidad del compromiso con el control institucional.
Actualizado: 18 de Diciembre, 2025, 07:51 AM
Publicado: 18 de Diciembre, 2025, 07:48 AM
Santo Domingo.– El jueves 30 de octubre de 1986, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo, se celebró el Encuentro–Panel titulado "Corrupción gubernamental: posibilidades de control", organizado por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.
Encuentro panel y figuras clave
Me correspondió actuar como moderador de aquel panel, en un momento especialmente sensible de la vida institucional del país, marcado por los procesos judiciales incoados contra funcionarios del gobierno 1982–1986.
En la mesa coincidieron figuras de primer orden del pensamiento y la política nacional: Juan Bosch, Rafael Herrera y Marino Vinicio Castillo (Vincho). No se trató de un acto retórico ni de una tribuna partidaria, sino de un ejercicio democrático de confrontación de ideas sobre cómo enfrentar la corrupción sin destruir el Estado de derecho.
Debate sobre debido proceso y combate a la corrupción
Rafael Herrera sostuvo con firmeza que en aquellos juicios no se estaba respetando el debido proceso. Su postura no fue la defensa de personas, sino de principios: sin garantías procesales, advertía, la justicia se convierte en venganza política. Vincho Castillo, por su parte, asumía una posición de combate frontal, señalando directamente a Salvador Jorge Blanco y a varios de sus funcionarios sometidos a la justicia, bajo la lógica del castigo ejemplar.
Ese contraste reflejó una tensión que marcaría la vida institucional dominicana durante años: la diferencia entre combatir la corrupción desde la legalidad o hacerlo desde la emoción política. El tiempo ha demostrado que ambas dimensiones no son equivalentes y que la ausencia de debido proceso termina debilitando a las instituciones.
Diez años después de aquel panel, en 1996, el presidente Joaquín Balaguer me solicitó que aceptara el cargo de Contralor General de la República Dominicana.
El nombramiento no fue casual: constituyó un reconocimiento a una trayectoria pública asociada al equilibrio, al respeto a la ley y al control institucional sin estridencias.
Así, el debate de 1986 encontró su traducción práctica en la responsabilidad de control del Estado. Del foro público a la función institucional, el hilo conductor fue el mismo: la convicción de que la lucha contra la corrupción solo es legítima y eficaz cuando se sustenta en el debido proceso, la legalidad y la autoridad moral.
