El presidente Abinader mantiene una línea firme contra la corrupción, sin tolerar complicidades políticas.
Santo Domingo.– Durante años, en la República Dominicana se instaló una peligrosa cultura de encubrimiento.
La corrupción se maquillaba, se protegía y se negociaba en los pasillos del poder. Funcionarios señalados eran intocables y protegidos, blindados por complicidades políticas y por un sistema diseñado para garantizar la impunidad. Esa es una verdad incómoda que muchos prefieren callar y olvidar.
Por eso lo digo sin cortapisas: en otras administraciones, el exdirector de SENASA del gobierno del presidente Luis Abinader, Santiago Hazim, no habría sido investigado ni mucho menos llevado ante los tribunales y sometido a la justicia, como ha acontecido. El caso se habría tapado, archivado o diluido en el tiempo, como ocurrió tantas veces en el pasado reciente, en los gobiernos del PLD encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina.
Hoy la realidad es distinta, y lo es por una razón fundamental: el gobernante Luis Rodolfo Abinader no es corrupto ni es cómplice de la putrefacción.
Bajo su mandato se ha roto el mito de los intocables. El poder político dejó de ser un escudo para proteger a funcionarios corruptos y cuestionados, y pasó a ser un instrumento para fortalecer la institucionalidad y permitir que la justicia actúe sin ataduras ni temor a presiones.
Aquí no se trata de nombres, apellidos, ni de partidos o religiones. Se trata de un cambio de paradigma. Antes, la corrupción se tapaba y se archivaba; hoy se descubre, se persigue y se enfrenta. Antes, la corrupción se negociaba; hoy se judicializa. Y eso incomoda a quienes vivieron cómodos en la impunidad.
El presidente Abinader ha sido coherente cuando afirma que tiene amigos, pero no cómplices. Esa línea, que muchos subestimaron, hoy se traduce en hechos concretos: funcionarios investigados, expedientes abiertos y procesos judiciales en marcha. Eso no se había visto en décadas de nuestra historia republicana.
La lucha contra la corrupción no es un discurso ni una estrategia de marketing político estatal. Es una decisión que cuesta enemigos, presiones y ataques. Pero es el único camino para rescatar la confianza del pueblo dominicano y sentar las bases de un Estado verdaderamente democrático y transparente.