La perspectiva de Alicia Ortega: Justicia sobre todo

Santo Domingo.- Este no es un caso cualquiera.

Y no lo es porque detrás de cada hoja del expediente judicial no hay solo cifras ni nombres: hay historias, hay personas, hay vidas que dependen de una institución que, para miles de dominicanos, representa alivio en medio de la angustia.

Senasa, salud pública y confianza ciudadana

Senasa no es una simple institución del Estado. Es la mano que sostiene a una madre cuando su hijo necesita una cirugía, es el respaldo de un envejeciente que requiere medicamentos, es la esperanza de familias que, sin ese apoyo, quedarían a la deriva.

Duele porque toca algo profundamente sensible: la salud y la dignidad de la gente.

Cuando un tribunal decide mantener la prisión preventiva en un proceso de esta magnitud, no busca castigar antes de tiempo. Busca proteger el proceso, blindar la verdad y enviar un mensaje claro: la justicia no puede apresurarse ni dejarse presionar.

Aquí no se trata de aplaudir arrestos ni de dictar sentencias anticipadas. El propósito es más esencial: garantizar el derecho colectivo a conocer la verdad y evitar que influencias, intereses o presiones alteren el curso de la investigación.

Porque cuando una institución creada para proteger la salud pública queda bajo sospecha, no solo se afecta un expediente. Se resquebraja la confianza, se instala la incertidumbre y la ciudadanía empieza a preguntarse si el sistema que debía cuidarla realmente lo estaba haciendo.

Y esa confianza, tan frágil, tan humana y tan necesaria, es algo que no podemos permitirnos perder. Por eso merece ser defendida con valentía, transparencia y, sobre todo, con justicia.

Los sistemas de seguridad social en salud se estructuran para garantizar atención médica continua a amplios sectores de la población, especialmente a quienes no pueden asumir los costos de servicios privados. Su operatividad depende de la correcta administración de recursos, de mecanismos de control interno y de la supervisión de los organismos reguladores del Estado.

Cuando surgen investigaciones judiciales relacionadas con la gestión de entidades de este tipo, el interés público se intensifica debido al impacto indirecto que cualquier irregularidad podría tener en la prestación de servicios, la sostenibilidad financiera y el acceso oportuno a tratamientos médicos.