La reforma establece que el presidente designará dos subdirectores, uno abierto a profesionales civiles
Reforma policía nacional dominicana prohíbe asignaciones externas y fija criterios estrictos para el uso de la fuerza
Distrito Nacional.– El nuevo proyecto de reforma a la Policía Nacional introduce cambios de fondo que rompen con prácticas históricas, entre ellos la eliminación del “policía prestado”, la creación de dos subdirecciones (una de ellas abierta a civiles) y la salida de Asuntos Internos de la cadena de mando policial.
Una de las disposiciones más controvertidas es la prohibición de que agentes sean asignados a instituciones públicas o empresas privadas, salvo excepciones estrictamente reguladas y con pago completo del servicio.
El proyecto también establece un régimen más riguroso para el uso de la fuerza, que obliga a reportar al Ministerio Público todos los daños ocasionados y fija parámetros estrictos de proporcionalidad.
Legisladores sostienen que estas medidas buscan garantizar disciplina policial y respeto ciudadano, afirmó Dagoberto Rodríguez, senador del PRM, al señalar que ningún agente debe faltar el respeto a la población. Edward Espiritusantos, diputado de la Fuerza del Pueblo, añadió que la ciudadanía debe sentir seguridad en el trato que recibe de la Policía.
También crea el rango de Agente Patrullero y reorganiza los ascensos, que se realizarán cada 27 de febrero bajo criterios más estrictos. Aunque reconocen avances, legisladores advirtieron que varios puntos requerirán debate, señaló Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.
El proyecto establece que el presidente de la República designará mediante decreto a los dos subdirectores generales de la Policía, uno de los cuales podrá ser un profesional altamente calificado sin pertenecer a la carrera policial.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, indicó que la pieza será estudiada a profundidad en comisión, donde se escucharán a todos los sectores interesados antes de emitir un informe al pleno.
El artículo 79 establece que el ascenso a general será decidido por el presidente tras un proceso de evaluación en varias fases. Los coroneles seleccionados deberán cursar seis meses de formación en Alta Dirección, mientras que quienes no resulten elegidos (incluidos los generales que no asciendan a mayor general) pasarán al retiro honroso.
El proyecto también contempla la desvinculación de uniformados que acumulan tres sanciones graves en cinco años, así como retiros forzosos y salidas por bajo rendimiento.
La propuesta dispone que el Poder Ejecutivo deberá aprobar mediante decreto el reglamento de la ley en un plazo máximo de tres meses después de su promulgación.