Sólo falta que la jerarquía católica le pida al Papa Francisco la creación de un Tribunal de Inquisición del Santo Oficio Dominicano, para retrotraernos a noviembre de 1478 cuando Sixto IV, que aún debe arder en el Infierno, promulgó la famosa bula con la cual se inició la persecución de los judíos conversos acusados de prácticas judaizantes de Castilla y Aragón y que tiempo después se extendió a otros reinos, iniciando así uno de los periodos más negros y crueles de la historia de la Iglesia Católica. Y abundan entre nuestros obispos y curas émulos suficientes de Tomás de Torquemada para hacerlo realidad.
La mención viene a propósito de la irracional actitud asumida por la Iglesia contra la correcta y humana decisión del presidente Danilo Medina de observar artículos del nuevo Código Penal aprobado por el Congreso, bajo una fuerte e insólita presión confesional. El Presidente ha devuelto la ley por considerar que contiene artículos que violan derechos constitucionales, relacionados con la interrupción del embarazo cuando es resultado de un incesto, una violación, una deformación del feto o simplemente cuando está en peligro la vida de la madre. La valiente decisión presidencial no implica la aprobación del aborto y por el contrario tiende a evitar su proliferación bajo condiciones sanitarias de alto riesgo para la madre y la criatura.
Las sanciones propuestas en esa ley, ardorosamente defendidas por la Iglesia, son inconcebibles en estos tiempos al punto que muy pocos médicos y clínicas admitirán embarazadas con problemas, lo cual impulsará, como ocurriera en otros países, el negocio clandestino de abortos por personas no calificadas para esa práctica.
El tema del que se ocupa la ley observada no entra en el campo de la religiosidad. Se trata de un problema de salud pública, asunto de Estado, que tiende a agravarse en perjuicio de la mujer y los derechos humanos.
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