Legisladores y ambientalistas rechazan sentencia que reduce el Parque Nacional Jaragua
La controversia sobre el Parque Nacional Jaragua refleja tensiones entre desarrollo y conservación ambiental.
Santo Domingo.– La sentencia del Tribunal Superior Administrativo que recorta millones de metros cuadrados del Parque Nacional Jaragua, con fines de explotación turística, ha provocado un amplio rechazo de legisladores y ambientalistas quienes advierten que el fallo abre la puerta a la reducción de parques nacionales sin el aval del Congreso, como establece la Constitución.
El Tribunal Superior Administrativo quedó en el centro de la polémica tras emitir una decisión que reconoce derechos privados sobre una amplia franja del Parque Nacional Jaragua, lo que, según ambientalistas y legisladores, debilita la protección de una de las principales áreas protegidas del país.
Aunque el fallo se apoya en una ley de 2004, el exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, calificó la decisión como “inadmisible e intolerable” y advirtió que coloca en peligro el agua, el medio ambiente y la sostenibilidad del país.
El exsenador de la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, explicó que para que se pueda reducir un área protegida se debe contar con una ley orgánica aprobada con las dos terceras parte de matrícula de ambas cámaras legislativas, algo que muchas veces se torna difícil.
El presidente Ricardo de los Santos sostuvo que, aunque el turismo es importante, las áreas protegidas deben mantenerse bajo resguardo y cualquier desarrollo no puede afectar el medio ambiente. Otros legisladores también cuestionaron la sentencia.
Implicaciones legales y acciones oficiales frente al fallo
Para la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, la sentencia es “misteriosa” y viola la Constitución. Uno de sus vocero, Luis Carvajal, advirtió que se ordenó modificar el mapa del parque sin coordenadas claras y que el fallo pone en riesgo todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Con el dictamen, el Tribunal Superior Administrativo favoreció a los herederos de Elías Gadala-María, cuyas tierras fueron expropiadas por ser testaferro del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
El Ministerio de Medio Ambiente informó que apelará la sentencia.