RÍO DE JANEIRO.- La Policía brasileña arrestó este martes a tres altos funcionarios de la Administración Penitenciaaria del estado de Río de Janeiro, entre ellos al director de prisiones, que fueron grabados cuando negociaban ventajas con los jefes de una de las mayores organizaciones criminales del país.
El secretario de Administración Penitenciaria de Río de Janeiro, Raphael Montenegro, y dos de sus principales colaboradores fueron detenidos en la mañana de este martes en sus residencias por agentes de la Policía Federal, informó el organismo.
Los arrestos fueron ordenados por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región en el marco de una investigación sobre las conversaciones -grabadas con autorización judicial- que los tres tuvieron en mayo pasado en una prisión con diez de los principales jefes del Comando Vermelho, mayor organización de narcotraficantes de Río de Janeiro y una de las mayores de Brasil.
En las conversaciones, los funcionarios les ofrecieron beneficios a los jefes criminales encarcelados a cambio de tener influencia política en las favelas dominadas por el grupo de narcotraficantes y de una «tregua» en la guerra que libran con bandas rivales para dar la falsa sensación de seguridad en Río de Janeiro.
Los altos funcionarios solicitaron autorización para visitar a los jefes de la mafia en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, una prisión de máxima seguridad en el sureño estado de Paraná a la que son conducidos los presos de mayor peligrosidad del país.
Pero la Policía Federal, que ya los investigaba, solicitó autorización judicial para instalar escuchas ambientales en las salas en que tuvieron las reuniones y grabaron las prometedoras conversaciones, algunas de las cuales fueron divulgadas este martes por el tribunal responsable por el caso.
En una de las conversaciones el jefe de prisiones se compromete a intervenir para que los presos puedan ser trasladados desde la prisión de máxima seguridad hasta una cárcel de menor seguridad comandada por él en Río de Janeiro.
Tal traslado, argumentó, les permitiría «seguir comandando» sus actividades ilícitas con mayor facilidad desde el interior de la cárcel.
En contrapartida, el Comando Vermelho tendría que comprometerse con una «tregua» en determinadas actividades criminales «para que prevalezca ante la sociedad y las autoridades de seguridad pública una falsa sensación de tranquilidad».
«Es más barato para ustedes si no están en guerra. Si ustedes no necesitan de 400 fusiles y tan sólo tienen 100 para defenderse, las ganancias serán mayores», argumentó el director de prisiones en su conversación con uno de los jefes del Comando Vermelho.
«La idea es que aprovechemos la oportunidad del regreso de ustedes (a Río de Janeiro) exactamente para mostrar eso, que el Comando no es aquel Comando que vive en guerra; que el Comando quiere vender sus paradas (drogas) sin problema y obtener sus ganancias», agregó.
En una de las conversaciones que tuvo con «Marcinho VP», como es conocido el principal jefe del Comando Vermelho, Montenegro lo trató como una persona «más importante que el propio secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro».
En el allanamiento a la residencia de Montenegro, que fue destituido inmediatamente por la gobernación de Río de Janeiro, la Policía incautó 150.000 reales (unos 28.850 dólares) en dinero, así como 4.450 euros y 5.000 dólares.
«Con los documentos que incautamos vamos a profundizar la investigación y determinar incluso si hubo ventaja pecuniaria (si recibió sobornos). Hallamos en su casa gran cantidad de dinero y existen fuertes indicios en su contra», afirmó el superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro, Tacio Muzzi.
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